El PRI en la Cámara de Diputados informó que el proyecto de dictamen en favor de una ley de seguridad interior ‘‘está muy avanzado y en sus últimos detalles’’, aunque para aprobarlo ‘‘tenemos que conseguir el mayor respaldo posible’’.
El coordinador de esa bancada, César Camacho Quiroz, dijo que la Comisión de Gobernación –adonde se turnó su iniciativa– está casi lista para distribuir el documento entre los integrantes de esa instancia, e insistió en que la discusión de esa ley no estará ‘‘anclada’’ al debate de la minuta del Senado en materia de mando mixto.
‘‘Podemos, eventualmente, tener los votos para sacar la ley de seguridad interior, pero es de tal hondura e importancia, que queremos construir una mayoría mucho más amplia basada en argumentos que tengan como eje el respeto cabal por los derechos humanos, la eficacia y delimitación en tiempo de la intervención de las fuerzas armadas’’, señaló.
A pesar del respaldo incondicional de los senadores de PRI y PVEM, que en todo momento trataron de frenar los cuestionamientos de legisladores de la oposición, la candidata propuesta por el Ejecutivo a ocupar la vicepresidencia en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Paloma Merodio, no pudo aclarar las inconsistencias, contradicciones e incluso falsedades que panistas, perredistas e independientes encontraron en su expediente profesional y académico.
Durante su comparecencia ante comisiones dictaminadoras, Merodio evadió respuestas, aseguró que no tiene conflicto de interés al pretender ocupar la vicepresidencia del Inegi a pesar de que su esposo, Juan Carlos Pueblita, es socio de la empresa Pondera Lab, consultora que ofrece servicios sobre datos, e insistió en negar que hubiera falsedades en la información curricular que remitió al Senado. Sin embargo, reconoció que no impartió un curso en la Universidad de Harvard y sólo fue asistente.
En una primera intervención, el senador del PAN Juan Carlos Romero Hicks presentó un cronograma enorme en el que se detallaba que Merodio no acredita los requisitos legales para el cargo, entre ellos, cinco años de experiencia en puestos de alto nivel, ni una trayectoria académica reconocida.
El fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, detenido a inicios de esta semana en San Diego, deberá esperar una audiencia de remoción para que su caso sea enviado a Nueva York, confirmaron hoy fuentes de su defensa.
La audiencia en una corte federal de San Diego se realizará el próximo 11 de abril y será sólo de trámite para notificar al detenido que su caso será transferido a Nueva York, explicaron las fuentes.
El fiscal fue detenido el lunes anterior en San Diego tras una acusación presentada el 2 de marzo en una corte federal de Nueva York.
Fernando Camacho, Víctor Ballinas, Andrea Becerril y Erick Muñiz
La supuesta participación de altos funcionarios en actividades criminales, como en el caso del fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, pone en riesgo no sólo a las instituciones que ellos dirigen, sino al Estado en su conjunto, y significa un duro golpe para la imagen internacional del país, señalaron académicos, políticos y expertos en el tema.
En ese contexto, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, aseguró que Veytia ‘‘es mi amigo, es una gente que yo conozco. Puedo hablar de sus buenas acciones, no de sus malas acciones. Sé que podrá él demostrar su inocencia; en eso está trabajando’’.
Por su parte, el presidente del Senado, el pevemista Pablo Escudero, pidió se investigue a los procuradores de Justicia y fiscales generales del país para descartar que tengan vínculos con el crimen organizado, como sucedió con Veytia.
Mtro. José María Gerardo Carmona Rocha Aspirante a Rector
NUMERO 18 JUN-JUL 2023
Jose María Carmona
DESARROLLO Y COMERCIO INTERNACIONAL
José María Carmona
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