Fernando Camacho Servín

En la gran mayoría de los centros penitenciarios del país imperan el autogobierno, la falta de condiciones dignas de reclusión y la nula capacitación del personal de seguridad, lo cual se traduce en motines, fugas y riñas, de acuerdo con los estudios más recientes sobre el tema elaborados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Por medio de un informe especial, el organismo público subrayó, por ejemplo, que en las prisiones donde se encuentran recluidas mujeres con sus hijos suele haber insuficiencias graves de infraestructura que garanticen una estancia digna, ya que no hay camas suficientes para los menores y los espacios son muy reducidos, lo cual genera hacinamiento.

De igual forma, no existen condiciones adecuadas para la atención médica de las internas y sus hijos e hijas, los alimentos para los menores son de mala calidad e insuficientes y en algunas ocasiones ni siquiera existe una separación elemental de hombres y mujeres.

Por otra parte, la CNDH documentó que en 65 por ciento de las 430 cárceles del país existe alguna forma de autogobierno dirigido por grupos criminales, los que controlan la vida cotidiana dentro de las prisiones ante la complacencia de las autoridades. De igual forma, la comisión ha señalado que en 75 por ciento de los reclusorios federales, estatales, municipales y militares ocurren violaciones constantes a los derechos humanos de los internos, debido al hacinamiento, la sobrepoblación y la falta de servicios básicos de alimentación e higiene.

Todo lo anterior ha llevado a la CNDH a manifestar que en los gobiernos de los estados hay una ‘‘fuerte resistencia’’ para reconocer, aceptar y atender la crisis por la que atraviesa el sistema penitenciario nacional, lo cual se refleja en los ‘‘pocos avances y hasta retrocesos’’ registrados en las condiciones y operación de los centros de reclusión.

Una de las consecuencias más graves de ello, de acuerdo con el organismo, es el estallido constante de riñas, motines y fugas en los penales de toda la República, pero con una incidencia todavía más preocupante en los estados de Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León y Quintana Roo.

El martes pasado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llamó a los gobiernos estatales a poner ‘‘orden y disciplina’’ en sus sistemas penitenciarios, y les exigió que no subejerzan ni desvíen los recursos que les ha otorgado la Federación para mejorar la situación de las cárceles.