En su conferencia matutina de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en perspectiva la demanda de la dirigencia del Partido Acción Nacional respecto de que el gobierno retome la necesaria colaboración con la DEA (la oficina estadunidense de combate a las drogas) para combatir a los cárteles del narcotráfico.
Arturo Balderas Rodríguez
Palestina del Este es un poblado en el estado de Ohio que colinda con el de Pennsylvania, en Estados Unidos. Su población mayoritariamente profesa los ideales del Partido Republicano, y en consecuencia, buena parte de sus habitantes votó por candidatos de ese partido. Están convencidos de que es el que protege sus intereses y debe gobernar, no sólo en ese poblado sino en el estado y en la nación.
Pedro Miguel
Ayer, en el búnker construido en el sexenio de Felipe Calderón por Genaro García Luna, entre excesos de presupuesto y de megalomanía, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una gráfica estremecedora del índice de letalidad en los enfrentamientos entre efectivos de las corporaciones públicas y presuntos delincuentes. En 2007, en 49 agresiones registradas, hubo un total de 54 civiles heridos y detenidos, y 30 muertos. Para 2010 fueron 674 enfrentamientos con 907 heridos y detenidos por 818 muertos y en 2011 las defunciones (mil 412) superaron por mucho las detenciones y lesiones (mil 127) en mil 76 combates. En los dos últimos años del calderonato siguió habiendo más agresores muertos que heridos y detenidos, algo que sólo puede explicarse por una instrucción superior de exterminar y no de contener o capturar a los supuestos infractores. En los primeros tres años del peñato esta tendencia se mantuvo y las ejecuciones extrajudiciales fueron documentadas de manera contundente en mascares de civiles, como las perpetradas por el Ejército en Tlatlaya (junio de 2014) y por la Policía Federal en Tanhuato, Michoacán (mayo de 2015).
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso una iniciativa para modificar el artículo 33 constitucional, conocido por establecer la expulsión del país de los extranjeros que participen u opinen acerca de temas políticos. La reforma propuesta por el Ejecutivo federal elimina el párrafo tercero de esa norma (los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país), y modifica el primero y segundo a fin de garantizar el derecho a la libre manifestación de las ideas. Asimismo, elimina la facultad arbitraria del gobierno para expulsar a un individuo al asentar que esta medida sólo podrá tomarse una vez agotado el procedimiento administrativo que señale la ley y siempre y cuando se acredite que su estancia en el país constituye un riesgo o afectación a la seguridad nacional.
Hoy entró en vigor el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, en conjunto conocidas como plan B de la reforma electoral. Con estas medidas, impulsadas por el Ejecutivo federal y las bancadas oficialistas en el Congreso, se busca dar al Instituto Nacional Electoral (INE) una mínima eficiencia presupuestal de la que ahora carece notoriamente. Para ello, se establece una compactación en sus órganos directivos y la cancelación de poco menos de 10 por ciento de las plazas con las que cuenta el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).
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