Hoy entró en vigor el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, en conjunto conocidas como plan B de la reforma electoral. Con estas medidas, impulsadas por el Ejecutivo federal y las bancadas oficialistas en el Congreso, se busca dar al Instituto Nacional Electoral (INE) una mínima eficiencia presupuestal de la que ahora carece notoriamente. Para ello, se establece una compactación en sus órganos directivos y la cancelación de poco menos de 10 por ciento de las plazas con las que cuenta el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).

El consejero presidente de ese organismo, Lorenzo Córdova, se expresó al respecto con el mismo talante con que ha encarado todos los intentos de hacer que el INE sirva a la democracia y no a intereses inconfesables y pactos cupulares como los que lo convirtieron en consejero del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y lo auparon al frente del INE desde su creación. Sin ahorrar descalificaciones, el funcionario aseveró que la reforma es la más regresiva en la historia del país, enraizada en rencores y fobias del pasado, y que dinamita el edificio democrático, por lo cual emprenderá una batalla a través de todos los medios jurídicos que la Constitución prevé para impedir que destruya lo que tanto le ha costado construir a la sociedad mexicana.

En lo inmediato, se presentaron dos recursos para revertir la destitución de Edmundo Jacobo Molina, quien durante casi 15 años ha sido secretario ejecutivo del organismo. El cierre de filas en torno a Molina y la cascada de elogios al hoy ex funcionario son reveladores del régimen de irregularidades que defiende Córdova: ese personaje debió concluir su encargo en 2020, cuando expiraron los dos periodos previstos por la ley, pero los consejeros hicieron una interpretación mañosa de la norma para argumentar que el paso del IFE al INE permitía concederle un nuevo término. Por si fuera poco, adelantaron el nombramiento, sin fundamento legal, para impedir que los consejeros que entraron en funciones ese año incidieran en la votación.

Este botón de muestra del desaseo legal con que se ha manejado la institución ilustra hasta qué punto la resistencia a la reforma obedece al afán de preservar presupuestos, salarios y plazas por parte de una tecnocracia que lleva años enquistada en éste como en otros organismos del Estado, y no a la defensa de las instituciones democráticas ni de la legalidad. La élite tecnocrática logró concentrar atribuciones legales desmesuradas e irracionales –como la facultad de interpretar la ley a su arbitrio, en vez de limitarse a aplicarla, como resulta de sentido común–, hasta sentirse en igualdad de condiciones con los poderes de la Unión y pretender suplantarlos. No es otro el espíritu que lleva a Córdova a llamar mayoría tiránica a un cuerpo legislativo cuya composición actual, a diferencia de la del INE, fue determinada por el mandato popular.

Queda claro el carácter improcedente e ilegítimo del reclamo de unos funcionarios colocados en el órgano comicial por la coalición neoliberal llamada Pacto por México, la cual ha mudado de siglas, pero no de integrantes ni de agenda. A partir de su derrota en las urnas, la derecha representada por esos partidos se aferró al control que mantiene sobre reductos como los propios organismos electorales (el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) y el Poder Judicial, degradados a trincheras desde las que se defienden con muy poco pudor prebendas, lujos, dispendios, facultades hipertrofiadas y, en suma, un proyecto político regresivo, sin más horizonte que el retorno a las lógicas depredadoras de los sexenios pasados.