En su conferencia matutina de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en perspectiva la demanda de la dirigencia del Partido Acción Nacional respecto de que el gobierno retome la necesaria colaboración con la DEA (la oficina estadunidense de combate a las drogas) para combatir a los cárteles del narcotráfico.

Al respecto, el mandatario recordó que en el sexenio del panista Felipe Calderón la colaboración con Washington se tradujo, por una parte, en sistemáticas deferencias de las autoridades del país vecino a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública y culpable de narcotráfico, y en el contrabando de armas para el cártel de Sinaloa, organizado por otra dependencia oficial de Estados Unidos, y sobre el cual el gobierno mexicano debió tener información.

El mandatario mencionó, asimismo, el despido de Nicholas Palmeri de la dirección de la DEA en nuestro país, porque se le descubrieron vínculos con abogados defensores de narcotraficantes; señaló la necesidad de que esa dependencia informe por qué cobijó durante tantos años a García Luna y por qué no hizo nada ante las operaciones de trasiego de armas denominadas Receptor abierto y Rápido y furioso. Con esos y otros antecedentes, en abril del año pasado el titular del Ejecutivo federal dio por terminada la colaboración entre la DEA y una unidad de investigación sensible del gobierno mexicano.

El contrabando de armas fue realizado por la oficina de Control de Armas, Tabaco y Armas de Fuego, ATF por sus siglas en inglés, con el pretexto de que se buscaba rastrear las rutas de aprovisionamiento de fusiles de asalto por parte del cártel referido, y no fue el único episodio en el que, objetivamente, las autoridades estadunidenses colaboraron con el narcotráfico en lugar de combatirlo.

Entre 2009 y 2011 –es decir, en pleno Calderonato– la propia DEA ayudó a la misma organización delictiva y a La familia michoacana a trasegar y lavar millones de dólares e incluso les cobró una comisión por tales operaciones ilícitas, según reveló The New York Times en diciembre de 2011. Por añadidura, esa misma oficina facilitó operaciones de compra de casi siete toneladas de cocaína en territorio estadunidense. El pretexto fue semejante que el del contrabando de armas: que con esos actos ilícitos se buscaba información que permitiera desmantelar al grupo de narcotraficantes.

En 2020 Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México, declaró que tanto Calderón como Washington tenían información acerca de las actividades delictivas de García Luna. Sin embargo, ambos gobiernos mantuvieron una estrecha colaboración en una guerra contra las drogas que produjo cientos de miles de muertes y desapariciones en nuestro país, pero que no redujo el tráfico de estupefacientes a Estados Unidos, y en lugar de debilitar a los cárteles mexicanos, los multiplicó.

Con esos antecedentes a la vista, y en tanto Washington no transparente lo que hicieron sus agentes antidrogas en México, la desconfianza es la actitud más prudente y aconsejable ante las dependencias estadunidenses que en el pasado reciente intervinieron en la concepción, el diseño y la aplicación de una estrategia de seguridad pública que más bien demolió la seguridad que pudo haber al inicio del calderonato. Por lo que hace al llamado de la cúpula panista, lo menos que puede decirse es que se trata de un total sinsentido.