Orlando Delgado Selley

El gobierno de López Obrador colocó una emisión de bonos de 2 mil 500 millones de euros a una tasa de 1.669 por ciento anual con vencimiento a siete años y de 2.969 por ciento con vencimiento a 20 años. Esta colocación, junto con la primera de este año, permite cumplir con las amortizaciones de deuda del gobierno federal para todo el ejercicio presupuestal de 2019. Con esta información se refuta lo que había venido advirtiendo el monopolio calificador, en el sentido que los mercados no estaban de acuerdo con decisiones importantes del propio gobierno, como la cancelación del nuevo aeropuerto de la ciudad de México y sobre los apoyos presupuestales que se resolvieron para Pemex resolverían la situación financiera de esta empresa.

La advertencia del oligopolio calificador se concretó con un cambio de perspectiva para la deuda de la empresa petrolera mexicana, junto con una calificación en el mismo sentido para el endeudamiento del gobierno federal. Más aún, en una nueva acusación han planteado que han aumentado los riesgos de incumplimiento de la deuda pública mexicana, aunque aceptan que se mantendrá el grado de inversión. Refutándolos en los hechos, demostrando el sesgo de las calificadoras, los adquirentes de los bonos mexicanos, que demandaron hasta 9 mil millones de euros, confirman que el deterioro de la calidad crediticia de la deuda pública mexicana no existe. Más aún, según la información difundida por Hacienda, es la primera vez que se coloca exitosamente un bono del gobierno mexicano a 20 años en el mercado de deuda en euros, lo que ratifica hasta qué punto los inversionistas ignoraron a las calificadoras.

Pese a estos datos favorables para el país, los analistas económicos que opinan sobre las expectativas de crecimiento de la economía volvieron a reducir su pronóstico a 1.59 por ciento para este año y 1.82 para 2020, e incluso la Secretaría de Hacienda los redujo a entre 1.1 y 2.1 por ciento. De modo que se reitera la existencia de un consenso cada vez más amplio, en el sentido de que la meta del gobierno de AMLO de dos por ciento de crecimiento del PIB para este año no se cumplirá y que tampoco se conseguirá el año próximo. El único que insiste en que se alcanzarán los niveles de crecimiento comprometidos es el propio AMLO. En los otros indicadores sobre los que se pronuncian los analistas, inflación y tipo de cambio, se prevén comportamientos mejores a lo esperado: 3.65 por ciento anual para la primera y 19.97 para el tipo de cambio al cierre de 2019.

Junto con estos análisis, los datos de las finanzas públicas dan cuenta de resultados preocupantes: tanto los ingresos públicos como el gasto del primer bimestre del año mostraron comportamientos por debajo de lo programado. Del lado del gasto neto presupuestario se alcanzó un resultado menor en 77.2 mil millones de pesos y los ingresos del sector público, por su parte, fueron 31.1 mil millones de pesos menores a lo programado. En consecuencia el balance público presento un déficit de 27.6 mil millones de pesos, menor al programado en 89.1 mil millones de pesos. Estos resultados de la operación del gobierno federal tienen, por supuesto, impactos en el desempeño general de la economía que afectan su dinamismo. De este modo se afecta a la baja la dinámica económica y se afectarán consecuentemente los ingresos tributarios.

Se ha hecho público que ante ingresos públicos menores a lo esperado el gobierno de AMLO está valorando un ajuste en el gasto, con el fin de cumplir la meta comprometida para el déficit financiero del sector público de 2.5 puntos porcentuales del PIB. Importa reiterar que si la economía crece menos de lo esperado el déficit fiscal tendrá que reducirse en consonancia. Ante la decisión de no tomar deuda pública adicional, esto significará que habrá que reducir el gasto. De modo que si lo que se privilegia es cumplir con el compromiso contraído con organismos empresariales, el desempeño económico general mantendrá la mediocridad que le caracterizó en los lustros recientes. Esta mediocridad impedirá cumplir, a su vez, compromisos contraídos con la población más necesitada del país.

Por esta razón resulta necesario insistir en que el orden de prioridades debe estar claro. Primero los compromisos con la gente y después con los otros actores políticos. Primero el bienestar social y después el equilibrio de las finanzas públicas. En esto no se puede alterar el orden. Hacerlo quiere decir que el mentado neoliberalismo no se ha superado, sino que sigue vivo y permanece dentro del gobierno que lo declaró muerto.