Jorge Eduardo Navarrete

Parecen estar reunidos los elementos necesarios para provocar una tormenta perfecta en la zona fronteriza de México con Estados Unidos. Destacan entre ellos: primero, la necesidad del presidente estadunidense –quien se considera exonerado de los cargos de colusión con Rusia en la campaña electoral y de obstrucción de la justicia en el ejercicio del cargo– de reactivar y potenciar, con vistas a su relección, una de las causas que más adeptos le atrae: la denuncia de los inmigrantes como riesgo mayor para la seguridad de la nación estadunidense; segundo, el máximo histórico del número de detenciones practicadas por la migra en esa frontera alcanzado en febrero pasado: 76 mil 103 –frente al récord anterior de 66 mil 842 en octubre de 2017; y tercero, la plétora de informaciones, confusas y a menudo contradictorias, sobre la integración y partida hacia el norte de nuevas y más numerosas caravanas de solicitantes de refugio en Estados Unidos, constituidas sobre todo por nacionales centroamericanos a quienes se suman personas de nacionalidades cada vez más variadas, incluida la mexicana.

Las caravanas son ahora –ha dicho la secretaria mexicana de Gobernación– la forma de movilización preferida por los emigrantes. Complica la coyuntura la continuada incapacidad del Congreso estadunidense para alcanzar un acuerdo que reforme el régimen migratorio y ofrezca una salida legal a los más de 10 millones de residentes ilegales.

Debe registrarse un cambio fundamental en la actitud y política del gobierno de México ante los solicitantes de refugio que ingresan y cruzan su territorio: se les admite y se registra su ingreso; se les ofrecen diversas calidades migratorias para amparar su tránsito temporal por México –incluso, yendo más allá, se les abren opciones de trabajo. Se intenta, sobre todo, proteger y garantizar sus derechos. Se trata de hacer realidad el objetivo de una migración ordenada, segura y regular, proclamado por Naciones Unidas.

A escala mundial, se reconoce que los movimientos transfronterizos de personas constituirán uno de los asuntos globales de mayor trascendencia en este siglo. En sus dos primeros decenios se ha manifestado, más que otra cosa, como fuente de controversia, conflicto y enfrentamiento; ha provocado reacciones de rechazo en buena medida inesperadas que han puesto en jaque a democracias largamente establecidas –tanto en Europa occidental y central cuanto en Estados Unidos, como estamos viendo. En el otro platillo de la balanza, ha generado dos grandes convenciones internacionales –de alcance prácticamente universal– cuya observancia ganará dimensión y alcance en los próximos decenios. Se trata, como es sabido, de los pactos globales sobre migración y sobre refugio adoptados a fines de 2018. Constituyen ambos, junto con otros acuerdos y resoluciones, un contexto institucional multilateral para facilitar y coadyuvar al tratamiento de situaciones específicas como la actual en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos.

El aspecto más reñido con la práctica internacional en materia de refugio es la decisión unilateral de Estados Unidos de retornar a México a los extranjeros que han ingresado a su territorio en busca de refugio en tanto se tramitan sus solicitudes. En esta decisión se encuentra el origen de la crisis fronteriza de que habla el gobierno estadunidense. Como el trámite de las solicitudes puede ser muy prolongado –meses o años, más que días o semanas– reclama un enfoque multilateral, con acciones acordadas entre los gobiernos concernidos y la ONU por medio de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, la organización mundial podría, por ejemplo, ocuparse de la gestión de áreas ad hoc a lo largo de la frontera para alojar a esos refugiados en condiciones adecuadas de seguridad, habitación, sanidad, alimentación, etcétera. La decisión de esperar en esas áreas correspondería, por supuesto, a ellos mismos.

Una gestión multilateral de la situación fronteriza mexicano-estadunidense sería aún más necesaria si se materializan en lo inmediato algunas de las intenciones proclamadas en las pasadas semanas: aumentar el número de solicitantes retornados diariamente; expulsar de inmediato a los capturados fuera de los cruces establecidos sin darles oportunidad de iniciar el trámite de refugio; y, con menor probabilidad, cerrar la frontera para impedir el acceso de personas, vehículos y eventualmente mercancías –con las graves consecuencias que muchos han señalado– pero mantener las continuadas expulsiones o deportaciones.

El enfoque multilateral haría aún más visible una situación irregular que debe resolverse; permitiría acopiar recursos para financiar los costos implicados; constituiría una experiencia que brindaría enseñanzas para situaciones similares en otros lugares, y sobre todo, ampliaría la protección de los derechos de los solicitantes de refugio.