El Sistema de Transporte Colectivo (Metro) informó que su gerencia jurídica presentó ante la Fiscalía para la Atención de Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México una denuncia contra quien resulte responsable por el delito de acoso sexual, y que a raíz de esa acción legal se abrió una carpeta de investigación por la presunta venta en Internet de fotos y videos de usuarias de ese transporte.

El lunes pasado la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, señaló que se logró clausurar varias páginas de Facebook en las que se exhibía ese material, páginas que, según la Policía Cibernética, están ligadas a cuentas de usuarios de esta ciudad, así como de Morelos y el estado de México.

La posible actividad delictiva referida marca un paso más allá en la ofensiva contra la privacidad que ya infesta las redes sociales y algunos portales digitales; se trata de una agresión ante la cual las víctimas están mucho más inermes que en los casos en los que se trafica con materiales gráficos obtenidos de sus dispositivos electrónicos o capturados con su conocimiento.

Aunque todas estas prácticas son condenables, ilegales e inadmisibles, las usuarias del Metro ni siquiera son conscientes de que están siendo grabadas para una exposición masiva a contrapelo de su voluntad.

Estas amenazas a la privacidad y a la intimidad resultan particularmente difíciles de combatir dado el ámbito en el que se desarrollan: la propagación de aparatos portátiles con cámara y micrófono, la inmensidad oceánica y mundial de Internet, propicia para el anonimato, la distribución y reproducción masiva y la obtención de utilidades a escala para negocios turbios o abiertamente delictivos. La instauración de controles en ese entorno no es imposible –como lo muestran las muchas investigaciones exitosas de lo que ha venido a denominarse cibercrimen– pero sí arduo y generalmente lento. La insuficiencia de regulaciones nacionales e internacionales y el territorio gris de las empresas privadas que controlan las redes y plataformas obliga a emprender acciones interinstitucionales y, con frecuencia, internacionales para bajar de la nube materiales que transgreden los derechos de particulares.

Los delitos señalados son sólo una faceta del problema. Otras son la cosecha de datos personales que realizan empresas fabricantes de equipos digitales o de mercadeo, datos que si no son sustraídos con propósitos dolosos de los grandes servidores, pueden al menos ser empleados para campañas que constituyen un verdadero acoso comercial. A ello debe agregarse la práctica del phishing, consistente en conseguir claves y cuentas de usuarios con propósitos fraudulentos. Hay, por otra parte, instancias oscuras, por lo general asociadas a esferas del poder público, dedicadas al espionaje e intercepción de las telecomunicaciones –tanto conversaciones de voz como cuentas de correo electrónico, mensajería y redes sociales– con propósito de chantaje, extorsión o exhibición pública de sus víctimas. Está documentado que varias dependencias gubernamentales adquirieron en los sexenios pasados sistemas de intrusión e intercepción de comunicaciones, como Pegasus, con propósitos hasta ahora no explicitados y no necesariamente apegados a la ley.

Un elemento de alivio en este complicado contexto es la reiterada disposición del nuevo gobierno federal de combatir la práctica del espionaje y de la escucha furtiva y limitarlos a los casos en los que lo amerite una pesquisa policial y previa autorización de un juzgado.

Cabe esperar que ese propósito de respeto a la legalidad se cumpla a cabalidad y que los sistemas de espionaje aún operativos –que por su complejidad tecnológica y su precio sólo pueden ser adquiridos por grandes consorcios o por gobiernos estatales– sean localizados y desmantelados a la brevedad.