Enrique Méndez

Tanto el Instituto Federal Electoral (IFE) como el actual Instituto Nacional Electoral (INE) y sus órganos desconcentrados han destinado, de 2008 a 2022, un total de 138 mil 193 millones de pesos en servicios personales, que incluye salario y prestaciones, un gasto que careció de sustento y rigor técnico para su determinación, según ha concluido el Órgano Interno de Control (OIC) en el consejo general.

En su informe anual enviado a la Cámara de Diputados, el OIC explicó que la estructura orgánica y salarial autorizada por el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, no se sustenta en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos.

Esta situación expone la debilidad de control para sustentar y acreditar que esos acuerdos, mediante los cuales se aprueba la modificación a las estructuras orgánicas de las unidades responsables, cumplen las condiciones establecidas en la normativa aplicable, lo cual deriva el riesgo de duplicidad de funciones.

Los acuerdos de Jacobo Molina no incluyeron dictámenes de viabilidad presupuestal de la nómina, lo cual impidió al OIC conocer el impacto económico, esto es cuánto realmente costará al INE y a la Federación esa estructura laboral, que incluye pasivos y servicios médicos.

El informe detalla irregularidades en contratos de servicios, por 417 millones de pesos, y anticipó que inició investigaciones para determinar responsabilidades. De entrada, por un caso de contrato de tarjetas electrónicas para combustibles, cesó temporalmente al titular de Recursos Materiales, Pedro Anaya Perdomo.

También abunda sobre los guardaditos del INE y en el capítulo Disponibilidad real de recursos financieros del instituto, concluye que la reserva asciende a 5 mil 739 millones 952 mil 752 pesos, acumulados gracias a una tendencia de generar importantes montos de recursos disponibles.

De esa cifra, 2 mil 621 millones los destinó al fideicomiso de pasivo laboral; 2 mil 977 millones al fideicomiso de infraestructura, y 140 millones 733 mil pesos a actividades contingentes o para adelanto de adquisiciones.

Tan sólo el año pasado, cuando se le asignó un presupuesto de 13 mil 914.7 millones de pesos, que incluye la reducción de 4 mil 913 millones hecha por la Cámara, el INE no gastó y no devolvió a la Tesorería de la Federación (Tesofe) 587.1 millones de pesos.

Esto, en un contexto donde solicitó 3 mil 800 millones de pesos adicionales para organizar la consulta de revocación de mandato presidencial.

Entre 2014 y 2022, de un presupuesto acumulado de 139 mil 855 millones, el INE ha reportado remanentes por mil 845 millones de pesos, así como 931 millones 965 mil pesos, que suman sólo 2 mil 621 millones devueltos a la Tesofe, informó el OIC.

A lo largo de esos nueve años, con lo devuelto a la tesorería y los traspasos a fondos, el remanente total que el INE no ha gastado es de 8 mil 517 millones de pesos, y en ese sentido el OIC le pidió garantizar que la solicitud de los recursos sea la estrictamente indispensable, o bien necesaria para el logro de los objetivos y metas institucionales.