Gustavo Castillo y Eduardo Murillo

El Cisen buscó ocultar datos en el sexenio anterior

De acuerdo con registros oficiales, desde diciembre de 2018, es decir, desde que inició el mandato de Andrés Manuel López Obrador, cesaron las solicitudes para la escucha y seguimiento telefónico desde lo que era el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (antes Cisen), ahora Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Sin embargo, al comparar el número de peticiones realizadas al Poder Judicial de la Federación (PJF) para llevar a cabo la intervención de comunicaciones privadas durante los pasados 14 años, abarcando los gobiernos del panista Felipe Calderón y el periodo de Enrique Peña Nieto, éste último fue en el que mayor número de escuchas con apego a las normas legales realizó, aunque el Cisen ocultó el número de personas vigiladas y los motivos que llevaron a estas acciones aduciendo cuestiones de seguridad nacional.

En tanto, en la pasada década las fiscalías (FGR y locales) han incrementado de 221 en 2011 a 5 mil 183 las solicitudes al PJF para realizar escuchas telefónicas y acceso a registros de datos en aparatos de comunicación.

De acuerdo con los registros de la Plataforma Nacional de Transparencia –desde 2018 lo que era el Cisen y que se transformó en lo que actualmente se denomina CNI y pasó de la Secretaría de Gobernación a la hoy Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)–, no existe por parte de ese organismo un solo registro de solicitud de intervención telefónica ni petición para extraer datos de aparatos telefónicos de ciudadanos cuyas actividades sean de interés gubernamental.

De hecho, el extinto Cisen dejó de proporcionar información sobre el número de casos en los que realizó actividades de seguimiento o intervención telefónica desde mayo de 2017, cuando dio respuesta a la solicitud de información pública 040000013117, en la cual menciona los datos anuales de los casos de intervenciones que llevó a cabo.

En el sexenio del panista Felipe Calderón se registraron las siguientes cifras: en 2007, 16 casos; en 2008, 19; en 2009, 21; en 2010, 16; en 2011, 33 y en 2012 (aunque el gobierno de Enrique Peña Nieto inició en diciembre de ese año), se reportaron 214 seguimientos.

En tanto, en la administración del priísta Enrique Peña Nieto, en 2013 (primer año completo de su gobierno) el Cisen reportó 530 intervenciones, en 2014, 726; en 2015, 689; para 2016, 708 y de enero a mayo de 2017, 421.

El organismo mencionó que todas sus intervenciones las realizaba con base en autorización judicial, y que el plazo máximo para que esto se llevara a cabo abarcaba un periodo de 180 días; sin embargo, cuando se trataba de dar a conocer la clase de objetivos que tenía en seguimiento, el extinto Cisen respondía que se trataba de asuntos con carácter de seguridad nacional y, por ello, no difundía datos que pudieran poner en riego sus indagatorias.

Pero durante el gobierno de Peña Nieto el Cisen buscó ocultar hasta las estadísticas, ya que hubo un caso que tuvo que llegar a la SCJN y que se resolvió a favor de un solicitante de información en mayo de 2016, ya que el Cisen pretendía que el Instituto Nacional de Transparencia no obligara al organismo de la Segob a entregar los datos a un particular.

Respecto a otras instancias y la realización de intervenciones telefónicas, se debe mencionar que de acuerdo con reportes del Consejo de la Judicatura Federal y del Inegi, la FGR y las fiscalías estatales recurren cada vez más a la intervención de comunicaciones privadas como técnica de investigación para hacer su trabajo. Tan es así que en la década reciente se ha multiplicado por 22 el número de solicitudes presentadas ante juzgados federales para utilizar este recurso.

En 2011, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) reportó haber recibido únicamente 228 peticiones en este sentido, en tanto que para 2020 las solicitudes sumaron 5 mil 183.

Sin embargo, el mayor crecimiento en la intervención de comunicaciones por parte de las autoridades se registro de 2012 a 2013, cuando el número de solicitudes pasó de 631 a 2 mil 270, refiere el Censo Nacional de Impartición de Justicia, que año con año elabora el Inegi.