David Brooks

Aunque se trataba de cargos muy serios contra una figura muy significativa, la juzgadora otorgó la solicitud para que el gobierno mexicano investigue al acusado

El general Salvador Cienfuegos con el ex presidente Enrique Peña Nieto en el desfile militar por el 208 aniversario de la Independencia de México, el 16 de septiembre de 2018.

Nueva York. La solicitud de los fiscales estadunidenses para retirar los cargos criminales por narcotráfico al ex secretario de Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda y su retorno a México fue aprobada ayer por una jueza federal en Nueva York, en lo que aparentemente es la última cita del general con la justicia de ese país. Horas más tarde, el hoy ex acusado fue regresado a México por las autoridades estadunidenses.

La jueza federal Carol B. Amon determinó que, aunque éstos son cargos muy serios contra una figura muy significativa, no tenía razones para dudar del argumento del Departamento de Justicia de que la acusación debería ser retirada, porque los intereses de política exterior de Estados Unidos superan a los de proceder con el caso, y que tampoco dudaba de la aseveración de que las autoridades mexicanas sinceramente desean proceder con una investigación y posible enjuiciamiento de este acusado.

Por tanto, aprobó la solicitud y el traslado expedito del acusado a México bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Anoche mismo, los fiscales registraron una carta ante el tribunal de la juez Amon para confirmar que el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos exitosamente ha transportado al acusado a México.

La jueza resumió que esta decisión fue tomada a los niveles más altos del gobierno de Estados Unidos, el cual afirma que su propósito es permitir que México investigue y procese al acusado como parte de la cooperación bilateral en el cumplimiento de ley.

En la breve audiencia de sólo unos 15 minutos, el fiscal federal Seth DuCharme declaró ante la jueza Amon que el Departamento de Justicia determinó que proceder con el caso es contrario a los intereses de Estados Unidos en sus relaciones exteriores y en particular en su relación con México. Ante la pregunta de la juzgadora, afirmó que esta decisión se tomó al nivel más alto del gobierno estadunidense; de hecho, por el propio procurador general, William Barr.

Cienfuegos renuncia a solicitar asilo

Por medio de una intérprete, la jueza preguntó al general Cienfuegos (quien se presentó físicamente ante el tribunal federal en Brooklyn, dado que la audiencia anterior fue por videoconferencia, vestido con un traje oscuro) si entendía las condiciones de esta solicitud, que estaba renunciando a sus derechos de solicitar asilo, como también el de buscar protección bajo la Convención contra la Tortura, entre otros, a todo lo cual el acusado respondió con voz firme: sí, señora. Afirmó que no es perseguido en México y que está de acuerdo con las condiciones para ser removido de Estados Unidos bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Su abogado, Edward Sapone, quien recordó que su cliente se declaró no culpable de todos los cargos en la audiencia anterior, informó que Cienfuegos firmó la aprobación del acuerdo para ser retornado a México.

La juez Amon firmó una orden que desecha la acusación, instruye el traslado de Cienfuegos a México y que la disposición que desestima los cargos sólo entre en vigor una vez que el acusado ingrese y sea liberado en México. Se ordenó a los fiscales registrar un aviso ante el tribunal para confirmar el retorno de Cienfuegos a México.

En la solicitud formal por escrito registrada el lunes ante el tribunal en Nueva York encargado del proceso, los fiscales argumentaron que Estados Unidos ha determinado que consideraciones delicadas e importantes de política exterior superan el interés del gobierno en proceder con la fiscalización del acusado bajo la totalidad de las circunstancias y, por lo tanto, se requiere desestimar el caso.

El sorpresivo comunicado conjunto del martes del fiscal general, William Barr, y su contraparte mexicana, el fiscal general Alejandro Gertz Manero, que anunció el acuerdo para desechar los cargos criminales y permitir que la investigación sobre Cienfuegos proceda en México, fue el primer anuncio público del acuerdo, aunque en los documentos se informa que hubo una serie de discusiones entre ambos gobiernos sobre el caso.

El general Cienfuegos fue arrestado en Los Ángeles el pasado 15 de octubre, acusado de narcotráfico y lavado de dinero, por lo cual enfrentaba una condena máxima de cadena perpetua. Fue trasladado y encarcelado en Nueva York en espera de un juicio que ayer fue efectivamente anulado.

Según el acuerdo –aunque eso no se abordó en la audiencia de ayer–, el gobierno estadunidense se comprometió a compartir la amplia evidencia que dice tener –incluso miles de comunicaciones interceptadas– con su homólogo mexicano para asistir a la investigación del general Cienfuegos en México.

En tanto, medios estadunidenses reportaron ayer las razones del acuerdo bilateral sobre Cienfuegos. El New York Times informó que el gobierno mexicano emitió una advertencia a Washington de que consideraba expulsar a agentes antinarcóticos estadunidenses si no se repensaba el caso de Cienfuegos. Subrayó que aparentemente eso funcionó, ya que el fiscal general Barr dio la orden de solicitar el retiro de los cargos. De acuerdo con el rotativo, no era el enjuiciamiento de Cienfuegos en sí, sino la manera unilateral y sin consulta en que se realizó la investigación estadunidense –la cual se inició en 2013– y el arresto del general sin previo aviso a México.

El Times informó que el abogado de la defensa, Sapone, les comentó que se enteró de que los fiscales estadunidenses estaban considerando poner fin al caso a fines de la semana pasada. Por otra parte, según una fuente, los fiscales que elaboraron el caso contra Cienfuegos estaban devastados porque sus jefes decidieron abandonar el juicio.

El Washington Post reportó algo parecido el martes, señalando que fiscales federales en Nueva York atribuyeron la decisión a las amenazas del gobierno mexicano de limitar las operaciones de la agencia antinarcóticos estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) en su territorio, algo que confirmó un funcionario de México.