Gustavo Castillo

Fuerzas federales reforzaron la vigilancia alrededor del Reclusorio Norte, donde se lleva a cabo la audiencia contra el ex director de Pemex.

Con lo sucedido en el caso Odebrecht se puso en peligro a la sociedad y al patrimonio nacional, afirmó el juez Juan Carlos Ramírez Benítez, al dictar auto de vinculación a proceso contra de Emilio L, ex director de Petróleos Mexianos (Pemex), por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.

El ex funcionario quedó el libertad condicional, lo que significa que una vez recuperado podrá vivir en su casa o trasladarse a otro punto, con la única limitación de que no salga de la Ciudad de México.

La Fiscalía General de la República (FGR) no solicitó para el imputado prisión preventiva ni que se le impusiera una fianza para garantizar que no se sustraerá a la justicia. Únicamente se le impusieron como medidas cautelares la colocación de un brazalete electrónico, el retiro de su pasaporte y visas, y la obligación de acudir cada 15 días a firmar en el juzgado.

Al concluir una audiencia de más de 12 horas, el juzgador señaló que atendiendo al desarrollo de los hechos, se determinó que los actos de corrupción del caso iniciaron en 2012 y concluyeron en 2014.

Aunque en 2012 no ostentaba la calidad de servidor público, consideró que la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita tuvieron una segunda etapa, a partir de 2013, y culminó en 2014, cuando ya se desempeñaba como director de Pemex.

En cuanto al delito de asociación delictuosa, el juez consideró que en estos actos se comprueba intervención de más de tres personas vinculadas con la finalidad de materializar conductas ilícitas, y que una vez allegados los recursos por parte de Odebrecht se involucró a los familiares de Emilio L en los hechos, pues su madre abrió la cuenta para recepción de transferencias; la esposa adquirió un inmueble en Guerrero usando un fideicomiso; la hermana se benefició al realizar apertura de cuentas para los depósitos, y todas omitieron reportar las operaciones ante las autoridades hacendarias.