Andrea Becerril, Víctor Ballinas.

Se violó el principio de presunción de inocencia, dicen en el tricolor

El equipo jurídico de Rosario Robles, a la salida de la audiencia en que la ex titular de la Sedesol y la Sedatu fue vinculada a proceso y se le dictó prisión preventiva.

La detención de Rosario Robles confrontó posturas en diversos sectores políticos y sociales. En el Senado, legisladores del PRI advirtieron que se violó el principio de presunción de inocencia de la ex funcionaria, al haberla encarcelado de manera preventiva, sin que ello se justifique, mientras los de Morena sostuvieron que no hay ningún afán de venganza política y se respetará el debido proceso.

Por su parte, Joel Salas Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Accceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), consideró que la aplicación de la justicia por los desvíos en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol, hoy del Bienestar) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no sólo debe quedarse en Robles, sino llegar hasta las últimas consecuencias.

Al mismo tiempo, legisladores del PAN y el PRD dijeron esperar que la detención de la ex funcionaria no sea una cortina de humo y que la sociedad mexicana no está dispuesta a que se lleve a cabo algún tipo de venganza política.

La diputada morenista Dolores Padierna recalcó que Robles es chiva, pero no expiatoria, y enfatizó que se debe investigar el enriquecimiento personal de la ex jefa de gobierno capitalina, además de recuperar los recursos públicos desviados durante su gestión en la entonces Sedesol.

En entrevista por separado, la diputada priísta Dulce María Sauri consideró que se debe reportar a la Judicatura al juez que, en lugar de decretar el arraigo, haya decidido la prisión preventiva para Robles con una serie de argumentos francamente insostenibles.

Por su parte, el vocero del PAN, Fernando Herrera, dijo esperar que realmente se tenga la intención de llegar a fondo y hasta las últimas consecuencias en los hechos de corrupción conocidos como la estafa maestra, ya que puede ser la punta de la hebra de un caso importante de corrupción o bien convertirse en pura propaganda política de cara al primer Informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el mismo sentido, los diputados del blanquiazul consideraron que en la administración de Rosario Robles Berlanga se acreditaron la opacidad e impunidad, pero su proceso no debe dar cabida a actos de venganza política.

Por su lado, Ángel Ávila, integrante de la dirigencia nacional del PRD, dijo que la sociedad mexicana quiere que no haya impunidad y se castiguen los actos de corrupción, pero no está dispuesta a que se lleve a cabo algún tipo de venganza política por parte de quienes están en el gobierno.

Por otro lado, en entrevista realizada durante la presentación del colectivo Movilidad sin Límite, el comisionado del Inai Joel Salas sostuvo que debió existir una red que hizo posible el presunto mal uso de recursos públicos, que incluyó a otros funcionarios y a directivos de las universidades involucradas.

Que no se quede sólo en Rosario Robles. ¿quiénes más en torno a ella hicieron posible que esto sucediera? Desde funcionarios hasta personas que formaron parte de la iniciativa privada. Y poner en el centro de la discusión a quien autorizó eso en las universidades, porque estas instituciones fueron clave fundamental de este proceso, dijo.