Dennis A. García

La Procuraduría General de la República (PGR) sostuvo que el tribunal colegiado que ordenó reponer el procedimiento a unos quejosos (detenidos por la desaparición de los normalistas) por el caso Ayotzinapa, y crear una comisión de la verdad, desconoce la división de poderes.

No se comparte el criterio de los magistrados que integran el primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito, con sede en Tamaulipas, pues desconocen la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público de la Federación, enfatizó.

Luego de que los magistrados del tribunal colegiado resolvieron que la PGR no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial en la investigación por la desaparición de los 43 estudientes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la dependencia que encabeza Alberto Elías Beltrán indicó que no ha sido notificada, hasta el momento, de la resolución; sin embargo, realiza un análisis sobre la versión pública dada a conocer por el Poder Judicial de la Federación, para determinar las acciones que correspondan conforme a derecho.

Respecto de las acusaciones de tortura para obtener confesiones de imputados por la desaparición de los normalistas, la dependencia señaló que se tienen abiertas carpetas de investigación en las que constan los dictámenes practicados por peritos certificados y con autonomía técnica conforme al Protocolo de Estambul.

En un comunicado que responde a los magistrados, la dependencia dijo que las investigaciones continúan y se abordan diferentes líneas, entre ellas las sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Mecanismo de Seguimiento, además de tomar en cuenta las observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La Procuraduría General de la República continuará ejerciendo sus facultades constitucionales, en estricto respeto a los derechos humanos y el debido proceso, agregó.

Al resolver los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017, el tribunal colegiado determinó que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura, por lo que concedió la protección de la justicia federal a los quejosos y pidió reponer el procedimiento.

A más de tres años de los hechos ocurridos en Iguala, los magistrados puntualizaron que como no se cuenta con una fiscalía independiente, se determinó la creación de una comisión de investigación para la verdad y la justicia.