Alonso Urrutia y Georgina Saldierna

Con la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de abrir el financiamiento privado a las candidaturas independientes en las campañas presidenciales, los recursos particulares desempeñarán un factor determinante. Si los cinco candidatos ejercen dinero equivalente al tope de gastos de campaña, se destinarían a esta contienda 2 mil 148 millones de pesos, de los cuales 974 millones (45 por ciento) serían de fondos privados.

Al resolver el recurso de la candidata presidencial Margarita Zavala, el TEPJF determinó que por ser factor de inequidad, el límite del financiamiento privado para los candidatos independientes –establecido en 10 por ciento del tope de gastos de campaña del cargo por el que se compita– es inconstitucional. Por ello, los aspirantes sin partido podrán captar por la vía privada el equivalente al total de topes de gastos de campañas, menos la partida que corresponda por prerrogativas públicas, que en el caso de Zavala eran 7 millones de pesos.

Los candidatos presidenciales postulados por partidos y coaliciones pueden ejercer hasta 10 por ciento del tope de gastos de campaña de financiamiento privado. Si para la elección presidencial el máximo que pueden gastar es de 429 millones 633 mil 325 pesos, las aportaciones particulares podrán alcanzar 42.9 millones.

La vía abierta en aras de la equidad entre candidatos partidistas e independientes dispara el gasto total de la elección a 2 mil 148 millones de pesos si todos ejercen el total que la ley permite. Tanto Zavala como Jaime Rodríguez Calderón –quienes declinaron a recibir los 7 millones que correspondían a cada uno de financiamiento público– podrán gastar 422 millones 633 mil 325 pesos.

Entre ambos, la cifra total permitida asciende a 845 millones 266 mil 650 pesos, a los cuales se sumarían los 128 millones 890 mil 56 pesos de los tres candidatos postulados por las coaliciones, que arrojarían un total de financiamiento privado de 974 millones 156 mil 706 pesos, cifra que equivaldría a 45.3 por ciento del total del gasto.

La ley electoral ha apostado por privilegiar el financiamiento público sobre el privado con el propósito de evitar la injerencia de otros factores de poder en el proceso. En la sentencia se estipula que cada simpatizante de un candidato independiente podrá aportar hasta 0.5 por ciento del total, equivalente a 2.1 millones de pesos, en tanto que el propio aspirante puede erogar 10 por ciento del total del tope.

La resolución del TEPJF es extensiva a todos los independientes, por lo cual, en el caso de los aspirantes a diputados fede-rales, con un tope de gastos de 1.4 millones de pesos y prerrogativas públicas de 367 mil pesos, podrán captar un millón 64 mil pesos. Los aspirantes al Senado, con topes variables en función del padrón estatal, podrán obtener por la vía privada desde 818 mil pesos en Baja California Sur hasta 26.5 millones en Jalisco.

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) Marco Antonio Baños y Adriana Favela celebraron que se les haya permitido recabar un monto mayor de recursos privados, pues se generan mejores condiciones de equidad en la contienda. Baños dijo que los aspirantes a la Presidencia tienen posibilidad de llegar a 422 millones de pesos y no los 50 millones fijados originalmente.

Recordaron que los candidatos deberán reportar de dónde viene el dinero, la forma específica en que se lo entregaron y cómo se gastó, para realizar la fiscalización correspondiente.

Tras señalar que el INE no entregará un solo peso adicional de financiamiento público, Baños confió en la madurez y respeto a la ley de los independientes, quienes saben que no pueden aceptar recursos de actos ilícitos y que las aportaciones que reciban no pueden estar condicionadas a la asignación posterior de contratos de obra pública.