Emir Olivares Alonso

La minuta de Ley de Seguridad Interior que envió la Cámara de Diputados al Senado es un proyecto muy preocupante, pues está demostrado que una década después de que las fuerzas armadas fueron desplegadas en labores de seguridad pública la violencia no ha disminuido y tanto los agentes estatales como los federales siguen perpetrando violaciones a derechos humanos, incluso torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, afirmó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Zeid Ra’ad Al Hussein.

En un comunicado enviado desde Ginebra, Suiza, sede de la ONU-DH, convocó al Senado a no aprobar la Ley de Seguridad Interior y a que se abra un debate público con la sociedad civil, expertos de la academia y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el modelo de seguridad que requiere México.

Reconozco plenamente que México se enfrenta a un enorme problema en materia de seguridad, habida cuenta de la violencia y el temor que causan poderosas bandas de delincuentes organizados, señaló.

Recordó que durante la visita que realizó a México en 2015 las autoridades le dijeron que el despliegue inicial de las fuerzas armadas había sido inevitable, debido a la debilidad de algunos cuerpos policiacos, y que estaban comprometidas a sustituir gradualmente a los militares movilizados por fuerzas de policía mejor preparadas, tanto en el plano federal como en el estatal.

Subrayó que la minuta de ley –aprobada por los diputados y que se discutirá en el Senado– no menciona a detalle la necesidad de fortalecer los cuerpos policiales ni contiene una estrategia de remplazo gradual para poner fin al uso de las fuerzas armadas en tareas de policía.

La aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana no es la respuesta adecuada. El actual proyecto legislativo podría debilitar los alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones en tanto que agentes de la ley, enfatizó.

El alto comisionado afirmó que la minuta de ley contiene varios elementos inquietantes, entre otros el hecho de que, en determinadas circunstancias, las autoridades civiles podrían quedar bajo el mando de las fuerzas armadas; la autorización para asignar a estas corporaciones la ejecución de tareas policiales no va acompañada de los controles y la supervisión apropiados. Agregó que la minuta de ley carece de las garantías adecuadas, con apego a las normas internacionales de derechos humanos, contra el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza.

Recordó que en las recomendaciones que formuló al gobierno mexicano tras su visita, destacó la necesidad de promover una estrategia que fomentara la seguridad ciudadana, velara porque las políticas de seguridad se aplicasen de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, investigara las presuntas violaciones y garantizara la rendición de cuentas por las vulneraciones cometidas.