Fabiola Martínez

El árbitro electoral cometió un ‘‘descomunal error’’, afirma el presidente priísta, Ochoa Reza

Asegura el tricolor que el reglamento de fiscalización no ha sido publicado en el Diario Oficial

En las pasadas elecciones del 4 de junio para gobernador de Coahuila, el Instituto Nacional Electoral ‘‘aplicó las reglas equivocadas’’ en cuanto a la fiscalización de los gastos de campaña, aseguró ayer el dirigente nacional del tricolor, Enrique Ochoa RezaFoto Yazmín Ortega Cortés

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) impugnó ayer ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el trabajo de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), el cual sostiene que ese organismo político rebasó los topes de campaña de la elección a gobernador en Coahuila.

Según la dirigencia del tricolor, los consejeros del INE ‘‘se sacaron de la manga’’ los criterios para acusarlos de un rebase de 7.86 por ciento, a partir de la aplicación de un reglamento de fiscalización ‘‘ilegal’’, calificado así porque no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y tampoco se notificó a los partidos.

Con ello, el PRI lleva el destino del caso Coahuila a la sala superior del Tribunal Electoral, cuyas resoluciones son inapelables. ‘‘El INE aplicó las reglas equivocadas. Esta situación es tan delicada que estaría dejando sin efecto todas las resoluciones que la autoridad correspondiente (el instituto) tomó en materia de fiscalización’’, advirtió Enrique Ochoa, presidente priísta, al tiempo de condicionar la confianza en la autoridad electoral para el proceso de 2018, según se resuelva Coahuila.

En conferencia de prensa, acompañado por el candidato de su partido a la gubernatura coahuilense, Miguel Riquelme, y el representante ante el INE, Jorge Carlos Ramírez Marín, Ochoa Reza calificó el trabajo del árbitro electoral en materia de fiscalización de ‘‘un descomunal error’’, lleno de inconsistencias graves, omisiones y parcialidad.

Según el Revolucionario Institucional, no se cumplieron los plazos establecidos en la ley para la revisión de los ingresos y gastos de los partidos y candidatos; tampoco se garantizó el derecho de audiencia, ni cumplió con el principio de certeza debido a la cantidad de modificaciones de la Unidad de Fiscalización (UF).

‘‘En los últimos minutos y cuando nuestro representante ya no tenía oportunidad de intervenir en la sesión (del instituto), algunos consejeros se sacaron de la manga supuestos gastos no reportados por cerca de 600 mil pesos’’, dijo Ochoa.

La ley electoral indica que un rebase de más de 5 por ciento en los gastos de campaña es causal de nulidad de la contienda, cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar sea inferior a los 5 puntos. Ochoa manifestó su confianza en los magistrados electorales para ‘‘corregir lo que el INE ha hecho mal’’.

Por su parte, Ramírez Marín dijo que no pueden confiar en un árbitro que inventa las reglas al momento, según como vaya viendo el marcador del partido. ‘‘Todos los gastos están reportados por la Unidad de Fiscalización, solamente que a los consejeros no les gustó el reporte y entonces inventaron el suyo... los rebases no son tales, sino interpretaciones creativas de los consejeros sin fundamento en la ley o la realidad’’, dijo.

El gasto máximo para esta contienda fue de 19.2 millones de pesos; según el INE, el PRI rebasó el límite por casi 8 puntos porcentuales (1.4 millones), pero el tricolor admite apenas 480 mil pesos. El Revolucionario Institucional alega que el Consejo General del INE ‘‘se sacó de la manga’’ asuntos como un servicio de Riquelme en Facebook, así como la renta de una camioneta, por un día, la cual fue valuada por los consejeros en 140 mil pesos.

Será ahora la sala superior del TEPJF la que resuelva lo concerniente a la legalidad o no del trabajo de fiscalización del INE y, posteriormente, dirá si esta elección es válida o hay elementos para la nulidad. El nuevo gobernador de Coahuila debe tomar posesión el primero de diciembre.

Por la noche el Instituto Nacional Electoral emitió un comunicado de prensa, donde reconoció que el proceso de fiscalización que realizó generó ‘‘polémicas’’ de los ‘‘actores afectados por sus decisiones’’ y ofreció acatar las sentencias que emita el Tribunal Electoral.