Gustavo Castillo García

A partir de la denuncia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de que hubo ocultamiento de información en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se inició una indagatoria en contra de funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR).

El señalamiento de que se ocultó información se presentó en noviembre de 2016, y para ello tanto los expertos internacionales como los padres de los normalistas, señalaron la existencia de una libreta de contactos que fue confiscada a Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros unidos.

En la libreta aparecen incluso diversos nombres de jefes policiacos que laboraban en Guerrero en la fecha en que ocurrió el ataque de Guerreros unidos en contra de los normalistas.

Entre los nombres que aparecen se encuentra el de Omar Hamid García Harfuch, actual titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien en septiembre de 2014 se desempeñaba como coordinador regional de la Policía Federal (PF) en Guerrero. En la misma libreta, con nombres y teléfonos aparece también Leonardo Octavio Vázquez Pérez, ex secretario de seguridad pública del estado.

Las fuentes refirieron que la Visitaduría General de la PGR tiene abierta una indagatoria para sancionar a los funcionarios que hayan ocultado evidencia a los investigadores internacionales, representantes legales y padres de los 43.

En este caso ya se descartó que García Harfuch haya estado presente el día de los hechos en el municipio de Iguala, ya que se encontraba de comisión en el estado de Michoacán, y no se localizaron reportes telefónicos entre él y Sidronio Casarrubias.

Por otra parte, la PGR sigue a la espera de que el juzgado tercero de distrito en materia administrativa resuelva un juicio de amparo promovido por los padres de los 43 normalistas para sancionar administrativamente a los responsables de una diligencia llevada a cabo en el río San Juan, donde se localizaron restos óseos que el Ministerio Público Federal ha señalado pertenecen a los estudiantes desaparecidos.

El juez deberá determinar si la visitaduría actuó con apego a derecho y solamente se debe sancionar de manera administrativa a peritos, agentes del Ministerio Público y al ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón. En caso contrario, explicaron los entrevistados, podría determinarse que se debe actuar penalmente en contra de ellos.