José Antonio Román

Desde hace más de un año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó con urgencia al gobierno mexicano el diseño y aplicación de una política pública integral para la protección de periodistas, que incluyera, entre otros puntos, la elaboración de confiables mapas de riesgo para la profesión, fiscalías especializadas en cada una de las 32 entidades para poder investigar los agravios y atentados, así como una campaña intensa para instruir a las fuerzas de seguridad sobre el respeto a los reporteros y medios de comunicación.

La promoción de la seguridad de los periodistas y la lucha contra la impunidad no deben limitarse a adoptar medidas después de que hayan ocurrido los hechos, señala la CNDH en su recomendación general número 24, del 8 de febrero de 2016, dirigida al titular de la Procuraduría General de la República, los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, a los gobernadores y al comisionado nacional de Seguridad, entre otros funcionarios.

El diagnóstico era alarmante. El ejercicio de la libertad de expresión en México enfrenta uno de los momentos más críticos y complejos de los últimos años, era su conclusión, la cual sigue vigente e incluso agravada con el aumento de agresiones contra periodistas y medios de comunicación.

También siguen pendientes casi todas las recomendaciones, incluidas las de revisar y mejorar la operación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas –medida recientemente anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto–, pues la CNDH ha recibido varias quejas contra su funcionamiento.

También están pendientes de recibir atención todas las recomendaciones que hasta ahora han permitido la impunidad casi generalizada en caso de agresiones contra periodistas.

Desde ese entonces, el organismo nacional reiteró que la falta de una adecuada procuración de justicia generaba un clima de impunidad creciente y, por consecuencia, alentaba el hostigamiento y las agresiones contra los periodistas y la libertad de expresión.

También reprochó al Estado Mexicano su omisión, que se reflejaba en la ausencia de agencias del Ministerio Público especializadas en la persecución de delitos cometidos contra la libertad de expresión.

Especialmente preocupante resulta la falta de fiscalías o unidades investigadoras en las entidades federativas en las que se advierte mayor incidencia de agresiones contra periodistas y comunicadores, señalaba, citando varios estados en los que se concentra casi la mitad de los 126 homicidios cometidos contra periodistas desde 2000 hasta la fecha.

En esa recomendación, la CNDH pidió al titular de la PGR llevar a cabo las diligencias necesarias para el esclarecimiento de las agresiones, agotar todas las líneas de investigación, incluyendo las relacionadas con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en la labor periodística.

También reclamó que en reiteradas ocasiones, antes de iniciar las investigaciones, las autoridades cuestionaban la vida privada de la víctima.

A los gobernadores, la CNDH recomendó promover ante las legislaturas locales leyes en materia de protección a periodistas, con la finalidad de garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo con motivo del ejercicio de su profesión, además de considerar la implementación y operación de mecanismos de protección en favor de los comunicadores. Estas tareas siguen pendientes.