José Antonio Román

Sin desconocer que México vive una grave crisis de violencia y seguridad que afecta desde hace tiempo a muchos sectores de la población, las agresiones e intimidación contra periodistas han llegado a niveles alarmantes, convirtiéndolo en el país más peligroso para ejercer esa profesión de todo el continente, asegura la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en su informe anual 2016.

Además, la relatoría –creada en 1997 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)– señala que la libertad de expresión en México sufre uno de sus momentos más críticos, con graves y complejos obstáculos, y enorme impunidad. El Estado ha incumplido su obligación de garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

En el amplio informe regional de 616 páginas, relata y analiza la situación que vive cada uno de los 31 países miembros en este tema, y dedica un capítulo especial a tres de los casos más emblemáticos en el continente.

Con el título Zonas silenciadas: regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión, describe la realidad presente en Tamaulipas, México; Mazatenango, Guatemala, y varias localidades paraguayas en la frontera con Brasil.

En las denominadas tres zonas silenciadas, aunque no son las únicas de la región, se observan ciertas características comunes: la existencia de estructuras criminales que operan fuera de la ley y buscan el control de toda una región; cooperación, colusión u omisión de amplios sectores de la administración pública en diversos niveles, y falta de respuesta efectiva de otras instituciones estatales (Ejecutivo, Judicial y procuraduría) llamadas a cumplir con las obligaciones primarias de prevenir, proteger, investigar y sancionar las amenazas a la vida e integridad, y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión.

El organismo señala que con este informe se pretende llamar la atención sobre el fenómeno de zonas silenciadas que se presenta en diversas regiones de las Américas y cuyas comunidades están siendo desinformadas y calladas por efecto de la violencia desatada por el crimen organizado para asegurar fines ilícitos, en algunos casos actuando en complicidad con autoridades regionales infiltradas por las ramificaciones de estos grupos.

“Hay zonas de México en las cuales hoy día los periodistas se encuentran sometidos a una fuerte intimidación originada fun-damentalmente por grupos delincuenciales interesados en suprimir cierta información de los medios y difundir aquella que sirve a sus intereses criminales.

En esta situación de riesgo especial resulta extremadamente difícil que los periodistas realicen investigaciones y publicaciones sobre temas como crimen organizado, corrupción, seguridad pública y asuntos similares, señala.

En el informe regional indica que al menos desde 2010, con base en información recibida y validada por diferentes actores nacionales e internacionales, se ha confirmado que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en toda la región.

Cita que en 2015 prácticamente uno de cada cinco asesinatos de periodistas en América Latina (22 por ciento) ocurrieron en territorio nacional, situación que se repitió en 2016.

Destaca que en todos estos años la relatoría especial ha podido constatar con preocupación que la mayor parte de los asesinatos, desapariciones y secuestros de periodistas permanecen impunes, mientras que los mecanismos de protección muestran importantes deficiencias y omisiones que hacen difícil el cumplimiento de su objetivo.

Detalla que las entidades federativas que padecen fuerte presencia del crimen organizado, como Veracruz, Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas y Oaxaca, fueron visitados por la CIDH y la relatoría especial durante los cinco años recientes.