José Antonio Román

Organizaciones nacionales y regionales de derechos humanos e instituciones académicas hicieron un llamado urgente al Senado para que apruebe esta semana el dictamen de ley general contra la tortura, enviado por la Cámara de Diputados el pasado martes, a fin de que sea publicada y entre en vigor lo más pronto posible.

Con esta exigencia, las organizaciones destacaron el enorme retraso que ha tenido dicha legislación, primero con un largo debate para que el Senado aprobara la minuta de la citada ley y que fuera turnada a la Cámara de Diputados para su revisión, sitio donde estuvo tiempo sin que los legisladores llegaran a ningún acuerdo.

La semana pasada los diputados aprobaron finalmente un dictamen de ley basado en la minuta que tenían del Senado desde hace un año, señala el comunicado suscrito por las organizaciones e instituciones académicas.

Cambios a la iniciativa

En la aprobación de la minuta, los diputados introdujeron diversas modificaciones, entre las cuales está la prohibición absoluta del uso de pruebas obtenidas mediante la tortura, sin admisión de excepciones, adecuando de esa forma la ley en la materia a la Constitución y los tratados internacionales en este punto fundamental.

Otra de las modificaciones es el fortalecimiento del Mecanismo Nacional para Prevenir la Tortura, donde se aclara que la responsabilidad penal por estos actos no se limita a determinadas formas de autoría.

Saludamos la aprobación del producto legislativo alcanzado, que incorpora obligaciones internacionales. Sin embargo, dicho proceso no incidirá en la apremiante realidad del país hasta traducirse en la entrada en vigor y efectiva implementación de la ley, señala el pronunciamiento.

Entre las organizaciones firmantes están Asistencia Legal por los Derechos Humanos; los centros de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Fray Francisco de Vitoria y Miguel Agustín Pro Juárez; el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundar; Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos.

Entre las organizaciones regionales e internacionales están Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (Francia), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y la Organización Mundial Contra la Tortura.