Fernando Camacho Servín

A una semana de que culmine el periodo ordinario en el Congreso, el gobierno obstaculiza la aprobación de una ley general contra la desaparición por medio de una serie de ‘‘observaciones y dudas’’, que echan abajo el esfuerzo que diversas organizaciones de víctimas han hecho durante más de un año y medio.

Advirtió lo anterior Michael Chamberlain, subdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, quien dijo esperar que las ‘‘omisiones y fallas’’ de las autoridades en la construcción de esta norma se deban únicamente a un error, y que esto pueda subsanarse a tiempo para que se apruebe la ley.

En entrevista con La Jornada, el especialista recordó que el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) ha participado desde hace 18 meses en una serie de debates con las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del Senado para redactar una propuesta de ley en conjunto con las autoridades.

A pesar de que ya había un acuerdo para lograr la aprobación de la norma, la Secretaría de Gobernación (SG) canceló tres veces la reunión que sostendría esta semana con el MNDM y le hizo llegar a las familias una serie de observaciones que, en los hechos, ‘‘nos regresan al momento en que el presidente Enrique Peña Nieto mandó su iniciativa’’, dijo Chamberlain.

En primer lugar, la propuesta oficial le adjudica a los gobiernos estatales la responsabilidad de buscar a los desaparecidos, cuando en muchos casos los responsables de este delito son los propios funcionarios locales, y al mismo tiempo le quita a la comisión nacional de búsqueda –que los familiares de víctimas proponen como parte fundamental de la ley– la posibilidad de intervenir si los estados fallan al realizar ese trabajo.

De igual manera, el documento de la SG echa por tierra la propuesta de generar contrapesos para evitar que la Procuraduría General de la República decida de manera discrecional cuáles casos de desaparición atrae y cuáles no, y le quita a la comisión nacional de búsqueda la posibilidad de tener una fuerza policiaca y un órgano de inteligencia propios.