José A. Román, Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Con su rechazo a las acusaciones sobre violaciones a derechos humanos pareciera que el Ejército fijó una postura política rumbo a las elecciones de 2018, coincidieron representantes de organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares de víctimas.

‘‘Me parece muy preocupante porque significa que están rompiendo las reglas que han prevalecido en la relación civiles-soldados; es decir, donde los militares están fuera de la política. Y pareciera que ahora fijan una posición en este escenario político-electoral’’, dijo Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

En tanto, el coordinador del PT en el Senado, Manuel Bar-tlett, advirtió que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se sumó a la campaña del gobierno federal en contra de Andrés Manuel López Obrador, a quien de forma ‘‘tramposa’’ le adjudican señalamientos contra las fuerzas militares que él no ha formulado.

Son organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o el relator contra la Tortura, de Naciones Unidas, ‘‘los que han señalado claramente las violaciones a derechos humanos cometidos por militares’’, recalcó Bartlett.

A su vez, el senador Alejandro Encinas, del grupo parlamentario del PRD, resaltó que lo dicho por López Obrador en relación con el caso Ayotzinapa, ‘‘se está sobredimensionando con fines políticos’’. Los altos mandos del Ejército, dijo, no pueden hablar de calumnias ni ‘‘esconder la basura debajo del tapete’’.

Sostuvo que es evidente que ha habido violaciones graves a derechos humanos por parte de militares y sospechas en torno a su actuación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. ‘‘Hay evidencias de que no sólo estuvo informada la 27 zona militar, con sede en Iguala, sino que elementos de la misma y de inteligencia militar hicieron un seguimiento de los vehículos en que iban los normalistas y saben lo que pasó esa noche’’.

En contraparte, el senador del Partido Acción Nacional Roberto Gil Zuarth dio la razón a la Sedena, ya que, expuso, lo expresado un día antes por el general José Carlos Beltrán ‘‘es muy sintomático de que se les está criminalizando’’, en ‘‘una suerte de criminalización que se sembró en el extranjero’’.

Gil Zuarth insistió en que se abra en el Senado la discusión en torno a la ley de seguridad interior, la que, sostuvo, debe aprobarse en este período de sesiones.