Jesús Aranda

Después de que la Contraloría Interna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) encontró elementos suficientes para continuar el proceso por acoso laboral y sexual denunciado en el Canal Judicial –durante la administración de Enrique Rodríguez Martínez–, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea fue designado para elaborar el proyecto de dictamen correspondiente, el cual deberá establecer si el ex funcionario y sus principales colaboradores incurrieron en alguna responsabilidad.

El 10 de marzo de 2015, el ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, solicitó a Rodríguez Martínez su renuncia y días después ordenó a la Contraloría del máximo tribunal iniciar las indagatorias correspondientes, luego de que más de 22 trabajadores y ex trabajadores del Canal Judicial se presentaron a rendir sus denuncias y testimonios al respecto.

Al igual que Rodríguez Martínez fueron despedidos Marco Antonio Silva, subdirector de producción; Francisco Barradas Ricárdez, subdirector general de información, y Alberto Villa Dávalos, director de área. En el contexto de la indagatoria, el Ministerio Público federal encontró en la redacción del Canal Judicial cocaína en uno de los escritorios, por lo que dio inicio a la averiguación correspondiente.

Este último hecho sacó a la luz otras irregularidades que tuvieron lugar bajo la administración de Rodríguez, como el consumo de alcohol en horas de trabajo, el uso de computadoras de la redacción para transmitir y guardar pornografía, así como el presunto uso irregular y pérdida de cámaras de video y equipo.

En total, la Contraloría reunió elementos para iniciar el proceso administrativo, sin descartar posibles denuncias penales contra 15 funcionarios y ex funcionarios del Canal Judicial.

La semana pasada, el expediente fue turnado al ministro Zaldívar para que elabore el proyecto correspondiente y presente al pleno en sesión privada su documento para deslindar responsabilidades en este asunto que marcó negativamente, no sólo al Canal Judicial, sino también a la SCJN. Aunque no hay fecha definida para que el pleno emita una resolución, trascendió que hay interés del ministro presidente porque se resuelva lo antes posible y que, de encontrar responsables, sean sancionados con la mayor severidad posible.

En su momento, trascendió que la ministra Margarita Luna Ramos fue la única integrante del pleno que se opuso al despido de Rodríguez, por lo que entre los trabajadores que denunciaron acoso laboral y sexual hay quienes solicitan que la ministra se declare impedida para conocer el asunto, máxime que es pública su amistad con el ex director del Canal Judicial.