Roberto Garduño, Enrique Méndez y Alonso Urrutia

La última etapa de la remodelación del hangar presidencial requirió 590 millones de pesos y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que los contratos de obra pública y servicios se adjudicaron de manera directa ‘‘a empresas con propuestas que resultaron caras y mal integradas’’, lo que resultó en un sobreprecio de 141 millones 327 mil pesos.

En el informe de resultados de la cuenta pública 2015, la ASF explicó que en ese año se destinaron 4 mil 752 millones de pesos para iniciar la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Respecto del hangar presidencial, el órgano fiscalizador informó a la Cámara de Diputados que incluso después de que la constructora entregó la obra el AICM celebró un convenio de colaboración con la Oficina de la Presidencia, el Estado Mayor Presidencial (EMP) y las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Defensa Nacional (Sedena), por 74 millones 240 mil pesos, para terminar la ampliación.

Si bien el convenio tenía como propósito realizar labores de mantenimiento y conservación, el objetivo fue terminar los trabajos no ejecutados por la contratista, indicó la ASF.

Explicó que en respuesta a esa observación, el AICM respondió que ‘‘si bien no se ha efectuado el finiquito de los trabajos del contrato de obra, ésta ya fue entregada por la empresa contratista… y que las instalaciones se encuentran bajo el resguardo del EMP, por lo que la empresa no puede realizar ningún trabajo adicional’’.

La auditoría concluyó que al analizar la información y documentación proporcionada por el AICM, ‘‘se considera que la observación subsiste en virtud de que sólo quedó asentado el estatus de las obras al momento en que fueron celebradas, así como los trabajos pendientes de ejecutar, en proceso y mal ejecutados’’, y determinó que no se justificaba el convenio de colaboración.

Ante ello, solicitó al órgano interno de control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ‘‘realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo por los actos u omisiones de los funcionarios públicos del aeropuerto’’ que firmaron el convenio.

Entre los pagos no justificados, la ASF refirió que el AICM pagó 28 millones 391 mil pesos a la contratista por el acarreo de lodo: en cada camión extrajo únicamente un metro cúbico de ese material, cuando la capacidad del vehículo era de 7 metros cúbicos.