Dora Villanueva

De acuerdo con el Inegi, en 2018 había 4 millones 685 mil trabajadores bajo ese esquema.

A dos meses de que se extinga el modelo de negocio con el que las empresas de outsourcing venían operando, Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (Amech), advirtió que, dada la extendida informalidad en México y la posible explosión de contrataciones vía honorarios y asimilados a salarios, no hay garantía de que aumenten los ingresos para la seguridad social, como se espera con las nuevas reglas.

“Muchos empleadores les van a decir a sus empleados, ‘sí, te sigo contratando, pero por honorarios o por asimilados’. Al ocurrir eso, lo que se va a caer es la recaudación en el IMSS y en el Infonavit”; explicó. Algo que probablemente no ocurra con el impuesto sobre la renta porque las alternativas para contratar mantienen cautivo este gravamen.

Una encuesta que la Amech levantó entre las empresas a las que provee de fuerza laboral, mostró que 10 por ciento de los trabajadores que en enero estaban bajo outsourcing perderán su empleo porque terminan contratos y las firmas no tienen posibilidad de integrarlos a sus costos, recordó Márquez.

A 30 por ciento más los van a incorporar de base y a otro 60 por ciento se le mantendrá por honorarios y por asimilados a salarios, lo cual no representa ingresos para la seguridad social.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que seis de cada 10 trabajadores en México se ocupa en la informalidad; y hasta 2018, cuando se levantaron los más recientes censos económicos, había 4 millones 685 mil trabajadores vía outsourcing.

Suponiendo que todos esos empleados estuvieran en firmas que sí pagan impuestos, incluidos el ISR y la carga social, y al tomar en cuenta los estimados que levantó la Amech, sumando a quienes perderán su trabajo y a quienes podrían ser contratados bajo honorarios y asimilados, se podría perder entre 15 y 30 por ciento de los ingresos del gobierno por costos laborales, explicó Márquez.

Cálculos muestran que esta pérdida podría ser hasta de 12 mil 593 millones de pesos, al tomar en cuenta un sueldo promedio de 12 mil 800 pesos para todos los trabajadores de outsourcing. Los estimados se enmarcan en lo referido por el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero, quien dijo que entre miles de empresas de subcontratación, sólo 40 pagaban impuestos.

Márquez recalcó que no sólo por el lado de los ocupados, sino también de los empleadores es que se debe dar seguimiento a la informalidad. Según reporta el Inegi, hay tres millones de empleadores, pero en el IMSS sólo hay un millón registrados. Quiere decir que 2 millones sí te contratan, pero no te dan seguridad, amplió.

Las empresas de subcontratación buscan no desaparecer del mercado laboral. Hay dos posibilidades, detalló Márquez. “Podemos seguir haciendo todos los servicios que ya veníamos haciendo, pero ahora estos empleados deben estar en el registro patronal del cliente, no en el de la empresa proveedora de outsourcing”, o pueden ofrecer obras y servicios especializados.

A mediano y corto plazo, todo se va a acomodar para que dentro de la ley se sigan dando los servicios de subcontratación, pero ahora de obras y servicios especializados. O bien, simplemente de administración de personal, en el registro patronal del cliente, resumió.