Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Santiago Nieto, responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera, y Rocío Nahle, secretaria de Energía, durante la conferencia en Palacio Nacional.

Por el posible conflicto de interés al otorgar permisos a empresas en las que trabajan familiares suyos, la Secretaría de la Función Pública (SFP) comenzó una investigación de oficio contra el presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo Ignacio García Alcocer, lo que podría inhabilitarlo para ejercer su cargo en caso de confirmarse.

A la par, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indaga una probable defraudación fiscal, así como el flujo de capitales de familiares de García Alcocer, ya qué detectó una tipología que es usada en la triangulación de lavado de dinero.

García Alcocer reconoció en su declaración patrimonial y de intereses que el hermano de su cónyuge, Mario Barreiro Castellanos, trabaja desde 2015 en Vestas, empresa de fabricación de tecnología para la generación de energía eólica, indicó ayer la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

Mientras, Santiago García Castellanos, pariente en cuarto grado al ser primo hermano de la cónyuge de García Alcocer, es director de la empresa Santa Fe Natural Gas, filial de Fermaca, empresa permisionada por la CRE.

La funcionaria federal sostuvo que detectó un permiso otorgado por esa comisión, cuando ya estaba al frente García Alcocer, para transportar gas natural a la empresa Fermaca, el cual no fue declarado por García Alcocer, por lo que se inició una indagatoria.

Por su parte, el titular de la UIF, Santiago Nieto, señaló que el hermano de la cónyuge de García Alcocer no incluyó en sus declaraciones su participación en tres empresas que tienen proyectos directos con Petróleos Mexicanos, una de las cuales hizo transferencias al extranjero por 148.5 millones de dólares, a pesar de lo cual presenta bajos reportes al Servicio de Administración Tributaria, lo cual podría constituir un caso de defraudación fiscal.

El hermano de la cónyuge del titular de la CRE hizo también 11 vuelos a Guatemala y El Salvador, lo cual, dijo Nieto, es relevante, porque una de las tipologías más importantes de lavado de dinero consiste en el traslado de recursos en efectivo a países vecinos en Centroamérica.

Además, el primo hermano de la cónyuge, quien dijo trabajar en una empresa permisionada por la CRE, tiene en realidad participación en cuatro compañías del sector energético, como representante o director, lo cual incluye una serie de transferencias de carácter internacional que no corresponden con los ingresos reportados al SAT.

Previo a ello, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en algunos organismos autónomos “ahora, por suerte, porque parece mentira, pero la suerte sí cuenta –decía Maquiavelo que se necesitaban virtud y fortuna para la política; la fortuna es la suerte. Bueno, por suerte se les fueron venciendo los plazos o renunciaron algunos y se va a limpiar”.

Se revisan contratos

Por la noche, las secretarías de Energía (Sener), de la Función Pública y Hacienda informaron que realizan una investigación sobre la posible violación formal en la declaración de conflicto de interés por García Alcocer, al omitir o no precisar datos dentro de su declaración respecto de que un familiar por afinidad es representante legal de tres empresas que son reguladas por la CRE, una de las cuales podría haber incurrido en defraudación fiscal.

Dijeron la SFP y la Sener que revisan los contratos, incluyendo el posible conflicto de interés personal o de negocios con otro familiar que es director de una empresa filial de otra compañía multinacional de comercialización con sede en Boston, con una de las cuales contrató durante su gestión.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera diseminó la información a la Procuraduría Fiscal de la Federación, con la finalidad de que se realicen las indagatorias correspondientes y se atienda la denuncia que presentó la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros por posible corrupción en contra de la CRE y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente en perjuicio de las estaciones de servicio que realizan el expendio al público de los petrolíferos.