Supermercado en Tijuana, Baja California.

Con la reducción de las tasas de los impuestos al valor agregado (IVA) de 16 a 8 por ciento y sobre la renta (ISR) de 38 a 20 por ciento para las empresas en la frontera norte, que llevará a cabo el gobierno federal a partir del primer de enero de 2019, se dejarán de recaudar entre 83 mil 148.2 millones de pesos y 104 mil 411.8 millones, de acuerdo con cálculos del Centro de Investigación de Estudios Presupuestales (CIEP).

Sólo por el IVA la pérdida recaudatoria va de 51 mil 277 millones de pesos a 55 mil 163 millones, expresó. La del ISR oscilaría entre 31 mil 871 millones y 49 mil 248 millones de pesos.

El sábado pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó entre los 100 compromisos de su gobierno la creación de lo que llamó la zona libre más grande del mundo en la frontera con Estados Unidos, franja de 25 kilómetros de ancho, donde se bajarán dichas contribuciones, que va de Matamoros a Tijuana.

¿Por qué lo hacemos? Esa va a ser la última cortina para detener a nuestros paisanos, para que no tengan que irse a Estados Unidos, argumentó. El mandatario sostuvo que en esa zona las gasolinas, el diésel y la electricidad costarán lo mismo que en California, Nuevo México, Arizona y Texas. Además, que el salario mínimo se duplicará desde el primer día del próximo año.

El CIEP ha sostenido que en la frontera la gasolina ya se paga por debajo de su costo de producción y distribución, lo que afecta la recaudación de Hacienda.

Subrayó que el incentivo fiscal a estados del norte creció 6.3 veces en términos reales de 2013 a 2016, a grado tal que en Chihuahua, Coahuila, Sonora y Tamaulipas el precio de venta final es menor al del las terminales de almacenamiento y reparto.

Si bien la institución consideró que tanto la reducción de impuestos como de los precios de las gasolinas podrían contribuir a incrementar la competitividad en la zona fronteriza y atraer más inversión y consumo, dejarán un hueco importante en las finanzas públicas, particularmente en el presupuesto, presionado por los compromisos de gastos en salud y pensiones.

Incluso, el CIEP, creado en 2010 como centro de investigación de la sociedad civil con especialistas en finanzas y economía en materia presupuestal, consideró que para evitar que las empresas de otros estados emigren hacia esa zona para resultar beneficiadas con ambas medidas, las autoridades deben establecer leyes y reglamentos que eviten la movilidad de los ingresos.

El CIEP recordó que históricamente la frontera norte ha tenido una tasa de IVA menor que en el resto del país para fomentar el consumo en la región, ya que en Estados Unidos siempre se ha pagado menos por dicha contribución, pero en 2014, cuando entró en vigor la reforma fiscal emprendida por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se homologó a 16 por ciento con el resto del país.

Señaló que sobre el ISR no hay antecedentes al respecto en el país, y aplicarlo de manera diferenciada puede generar efectos e incentivos difíciles de cuantificar.

Puntualizó que la recaudación de impuestos no depende de las tasas, sino del crecimiento económico, las utilidades de las empresas y el consumo de las personas.