Aun sin que se emita la resolución de manera oficial sobre la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), un grupo de inversionistas extranjeros, tenedores de poco más de mil millones de dólares, de un total de 6 mil millones y otros poseedores de la denominada Fibra E, por unos mil 500 millones, respectivamente, se aprestan a defender su inversión. Con ello, el próximo gobierno, que entrará en funciones a partir del próximo primero de diciembre, enfrentará su primer litigio multimillonario.

En el primer caso, Maria Woehr, gerenta de Relaciones Públicas del bufete internacional de abogados Hogan Lovells, que incluye a los socios Ron Silverman (Nueva York) y Federico de Noriega (Ciudad de México), confirmó a La Jornada que ha sido contratado como asesor legal para el grupo de tenedores de bonos emitidos por el Fideicomiso del Aeropuerto de Ciudad de México (MexCAT).

La asesoría jurídica es con el fin de proteger los derechos e intereses de los tenedores de esos bonos.

Ese grupo de inversionistas internacionales es poseedor de parte de dichos bonos en cada una de las cuatro series emitidas por MexCAT, garantizados con vencimientos en 2026, 2028, 2046 y 2047.

A finales de octubre se realizó la consulta impulsada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en la que se votó por no seguir con la construcción del NAIM en Texcoco, obra de 13 mil 300 millones de dólares.

Otros inversionistas, poseedores de títulos de la Fibra E por mil 500 millones de dólares, convocaron a una asamblea general, a realizarse el próximo jueves 29, para analizar y, en su caso, aprobar un plan de compensación por la cancelación de la obra.

En un comunicado público enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se informa que la asamblea tiene como objetivo conocer la situación actual del NAIM y el estado que guardan el Grupo Aeroportuario de Ciudad de México y la concesión del nuevo aeropuerto, así como las perspectivas sobre la posible interrupción de la construcción, las acciones y las resoluciones.

En esa reunión se propondrá aprobar la contratación de un asesor legal para la realización, entre otros, de un análisis y diagnóstico de los riesgos inherentes y consecuencias de interrumpir la construcción del NAIM.

Después de los resultados de la consulta ciudadana del mes pasado, en la que se determinó cancelar el NAIM, no se ha dado a conocer el mecanismo formal por medio del cual se compensaría a los inversionistas. Ello podría ser con el pago adelantado de los bonos y cómo disolver la sociedad.

El gobierno electo, por su parte, aseguró que va a resarcir a los inversionistas el total de los 7 mil 500 millones de dólares, distribuidos en bonos y títulos de Fibra E.

La incertidumbre entre los inversionistas prevalece porque hasta el momento no se sabe cuál es el procedimiento que se va a seguir, ya que primero se tiene que proceder a activar formalmente la cancelación del contrato del NAIM y ese mecanismo aún se desconoce.

Posteriormente, cuando se active el mecanismo de la cláusula de cancelación formal, entrarán los inversionistas.

Por otro lado están las Adminitradoras de Fondos para el Retiro (Afore) Inbursa, Pensionissste, Profuturo y XXI-Banorte, las cuales, en conjunto, invirtieron 13 mil 500 millones de pesos.

Las dos posibilidades son que el inversionista acepte las condiciones que ofrezca el acreedor, en este caso el Grupo Aeroportuario de Ciudad de México, y otra que demande por una ruptura de contrato, por las condiciones establecidas originalmente.

Al respecto, Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, consideró que este asunto se complica, porque se tienen dos tipos de vehículos financieros con condiciones diferentes, mucho dinero invertido y miles de inversionistas internacionales que ponderarán sus decisiones para tratar de recuperar sus recursos.

Admitió que hay dudas en las inversiones de las Afore ante la probable insuficiencia de los flujos de efectivo del mecanismo de protección, que es la tarifa de uso aeroportuario, porque si no les resarcen esos 13 mil 500 millones de pesos de las administradoras entonces sí se podría hablar de pérdidas.