José María Carmona

Un duro golpe recibió el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando fue presentado el informe “Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa” realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Dicho informe derrumba la supuesta verdad histórica de la Procuraduría General de la República (PGR) y pone al desnudo la incapacidad, la opacidad y la colusión con que se maneja la procuración de justicia en el país.

Aunque el documento es muy cuidadoso en no señalar responsables sobre la investigación de Murillo Karam, echa abajo y pone al desnudo el desaseo como se llevo a cabo la indagatoria primero por la fiscalía del estado de Guerrero y después por la propia PGR.

El informe ha detonado una crisis política en el régimen donde todos los actores políticos están involucrados, y la podredumbre de la clase política representada en los partidos políticos es algo indignante, por una parte el PRD que defendió a José Luis Abarca inicialmente por medio de su presidente nacional Carlos Navarrete y el gobierno de Ángel Aguirre, por otro lado el mismísimo Andrés Manuel López Obrador que apoyo mediante una recomendación del ex secretario del gobierno de Guerrero Lázaro Mason y ahora flamante militante de Morena a José Luis Abarca.

Pero la crisis también llegó a la Cámara de Diputados donde en un repugnante show perredistas, priistas, verdes y morenistas se aventaron suciedad o materia fecal metafóricamente hablando a la cara acusándose mutuamente del caso Iguala-Ayotzinapan, a partir del informe ampliamente difundido por el grupo de expertos.

Lo más aberrante es que el toda esa crisis política tanto en el gobierno peñista como en el propio régimen político, para la clase política queda en segundo o tercer grado de importancia los padres de los normalistas como víctimas, y en el Senado de la república Emilio Gamboa sale a proponer dos fiscalías, una para investigar que paso y otra para seguir buscando a los normalistas desaparecidos.

El informe también revela, una serie de omisiones  y complicidades entre las policías locales de Iguala, estatales, federales y el propio ejército quien se negó a intervenir teniendo amplio conocimiento de los hechos y posteriormente a un interrogatorio del grupo de expertos, el ejército tiene responsabilidad por omisión ya que tuvo conocimiento de los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre.

Más allá de que el informe eche por tierra la verdad o la mentira histórica de la PGR, para el mismo los normalistas continúan en calidad de desaparecidos sin que el gobierno de Peña haga absolutamente nada hasta el momento.

Se puede debatir el asunto de que no fueron quemados porque según el experto peruano Torero, afirma con bases científicas que no era posible que la incineración se realizara en el basurero de Cocula.

El propio presidente Peña Nieto salió abalar el informe porque no tiene otra salida política, fue tan contundente el golpe ante su desprestigio político ante los ojos de la población y la opinión pública internacional.

Pero lo más importante y lo más inhumano del caso es la forma de que durante un año contra viento y marea se defendió las cínicas y repugnante “verdad histórica” no solo de Murillo Karam sino del propio gobierno peñista.

A partir del informe se tendrá que iniciar una nueva investigación para encontrar con vida a los normalistas desaparecidos, por lo tanto, la opinión de los padres de familia que debe de ser lo más importante en el sentido a su derecho de conocer como ya se ha mencionado la verdad sin adjetivos de los que sucedió y donde están los 43 normalistas desaparecidos.

Hoy el caso y el informe de Iguala-Ayotzinapan es un parte aguas porque también deja al desnudo la intervención activa del crimen organizado donde en el estado de Guerrero se produce amapola para la morfina y la heroína en los autobuses y en especial en el quinto que transporta esta droga al mercado de Chicago.

La conclusión ha quedado al descubierto la podredumbre y degeneración entre los varios niveles de  gobierno, las autoridades federales, locales y estatales en colusión con el crimen organizado.

Va a ser muy difícil que este golpe recibido por el gobierno de Peña Nieto lo pueda superar como alguna vez les dijo de forma indolente a los padres de familia. Es difícil conocer el desenlace, pero los padres de los normalistas y la sociedad tiene que saber lo que paso en Iguala –Ayotzinapan en un hecho donde todos los demonios se desataron para desaparecer y asesinar a unos simples estudiantes por razones políticas. Esto es inadmisible e imperdonable para el gobierno peñista.