José María Carmona

La reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal aprobada por el Congreso local por iniciativa del ejecutivo estatal tiene como propósito volver más eficiente y eficaz al gobierno para ofrecer mejores resultados en la aplicación   de las políticas  públicas y sanear las finanzas públicas estatales.

Para ello se llevo a cabo la  creación de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, que realizaría las funciones que antes realizaba la Secretaría de Política Social y la Secretaría de Pueblos Indígenas.

Por otra parte, lo aprobado por el poder legislativo también contempla que la  Secretaría de Finanzas y Administración realizará cambios importantes en su estructura, también la Secretaría de Desarrollo Económico, que tendrá más funciones a su cargo, al igual que la Secretaría de Obras Públicas.

Entre las otras modificaciones aprobadas se contempla la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático desaparecería, así como la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, dando lugar a la Secretaría de Medio Ambiente Territorial y Urbano.  La Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico pasa  a ser un instituto.

Y en el artículo  cuarto transitorio especifica que  las transferencias de activos patrimoniales deberán realizarse en un plazo no mayor a 90 días hábiles después de la entrada en vigor del decreto, signa el cuarto transitorio, y el tercer transitorio señala que se respetarán los derechos laborales del personal.

Con estas reformas antes mencionadas  cabe el cuestionamiento de qué tanto  es suficiente para no tan solo tener una administración pública  que responda a las necesidades  del déficits  financiero por el  que atraviesa el gobierno de Michoacán, sino también para satisfacer  las demandas sociales de la mayoría de los michoacanos que se encuentran en la pobreza y marginación social.

No es suficiente una reforma a la administración pública estatal  sin llevar a cabo una política económica y social que genere el crecimiento económico y una mejor distribución del ingreso para elevar los niveles de vida mediante la generación de nuevos empleos  con suficientes remuneraciones salariales y combatir la informalidad.

También esta reforma se queda corta en cuanto a la materia del sector educativo y el de salud en el ámbito administrativo donde se necesita una cirugía mayor para utilizar con transparencia y eficiencia los recursos financieros, materiales y humanos.

Lo que no queda claro como se llevara a cabo la política de planificación del desarrollo estatal que ahora dependerá directamente del gobernador.

Este asunto es de vital importancia, porque de allí dependerán las políticas públicas de carácter estratégico de mediano plazo para combatir el rezago social y poder aprovechar al máximo el potencial económico de la entidad michoacana.

No es suficiente tener una administración pública eficaz y eficiente   que tiene como función materializar  las políticas públicas, es decir, ejecutar los planes y programas de gobierno para tener como resultados el mejoramiento de vida de los ciudadanos.

Todavía queda pendiente, que la administración pública estatal cuente con mecanismos confiables  de transparencia y rendición de cuentas, mas aun cuando la opacidad todavía está  presente en el ejercicio gubernamental de las pasadas administraciones y la presente está obligada a minimizar esta problemática que tiene como propósito  combatir la corrupción en este gobierno.

Finalmente  el gobierno estatal tiene la obligación de impulsar el desarrollo en todos sus aspectos y utilizar los recursos públicos eficientes y eficazmente, al mismo tiempo de conducirse con transparencia, es una demanda ciudadana de carácter cotidiano, donde la administración pública es el instrumento ejecutor de la actividad gubernamental que solo tendrá resultados positivos cuando repercuta en mejores niveles de vida para los michoacanos.