La jueza Daniela María León Linarte dio un plazo de 24 horas para que su colega Angélica Sánchez Hernández sea puesta en inmediata y absoluta libertad sin condicionamiento alguno, al argumentar que las autoridades de Veracruz violaron la suspensión de amparo que se le concedió en junio pasado para evitar que se ejecutara la orden de aprehensión en su contra. La sentencia del juzgado decimoquinto de distrito de esa entidad también declara nula la totalidad del proceso penal que se sigue a Sánchez Hernández. Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) puede impugnar el fallo, para cuando se estudie su apelación la togada estará en libertad y podrá haber tomado medidas (como la fuga) para escapar a la acción de la justicia.

La juzgadora ha sido acusada por la fiscalía veracruzana, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, de agravio a la autoridad, tráfico de influencias y delito contra la fe pública, y el pasado 21 de junio fue vinculada a proceso por un juez de control por ordenar, de forma presuntamente ilegal, la libertad del supuesto narcotraficante Itiel Palacios, El Compa Playa. Desde que se le apresó por primera vez el 5 de junio, el Poder Judicial ha cerrado filas para protegerla e impedir las indagatorias de la FGE pese a la gravedad de los hechos que se le imputan. Después de que fuera reaprehendida en la Ciudad de México, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), organismo dependiente del Poder Judicial de la Federación (PJF), preparó un amparo a su favor y puso a su disposición sus unidades de Litigio estratégico y combate a la tortura.

El despliegue de recursos del PJF para frenar las acciones legales hacia la jueza, además de contrastar con la indolencia y la exasperante lentitud a las que se enfrentan los ciudadanos comunes al vérselas con esta rama del gobierno, exhibe un comportamiento del aparato de impartición de justicia más orientado por el espíritu de cuerpo y la complicidad mutua entre sus integrantes que comprometido con el cumplimiento de la ley y el mandato constitucional depositado en sus personas. Sin prejuzgar la culpabilidad o inocencia de Sánchez Hernández, resulta evidente que lo saludable para la credibilidad del Poder Judicial y la confianza ciudadana en sus instituciones sería permitir el desarrollo del proceso, la presentación de evidencias y la determinación de sus responsabilidades de acuerdo a derecho.

A esta preocupante cofradía de los togados se añade la corrupción sospechada o probada de fiscales como Uriel Carmona Gándara (Morelos, recién detenido), Jorge Winckler Ortiz (Veracruz, preso), Édgar Veytia (Nayarit, condenado en Estados Unidos por narcotráfico) o Irving Barrios Mojica (Tamaulipas, denunciado por encubrimiento en el asesinato del ex diputado Pedro César Carrizales Becerra, El Mijis, y conductor del michoacanazo con que Felipe Calderón intentó deshacerse de rivales políticos mediante cargos inventados). En este panorama, la sociedad se encuentra indefensa ante una captura tanto de la impartición como de la procuración de justicia por parte de individuos y grupos que responden únicamente a sus propios intereses y a pactos inconfesables, cuando no a designios del crimen organizado.

En suma, no puede insistirse lo suficiente en la urgencia de una reforma constitucional que ponga en marcha una limpieza a fondo de las estructuras señaladas y las rehabilite para cumplir su función, necesaria en cualquier contexto y apremiante en el México actual. Sin la concurrencia del Poder Judicial y las fiscalías, es imposible encarar los desafíos formidables en materia de seguridad pública, combate a la corrupción, lucha contra la violencia y restauración de la moralidad pública, es decir, del respeto a la ley y a las normas que posibilitan una convivencia armoniosa entre los habitantes del territorio nacional.