Magdalena Gómez

Es importante destacar el sexto y último informe del GIEI, cuya presentación, el pasado 25 de julio, ha generado intensas polémicas a raíz de las muy contundentes conclusiones que expresaron con ética y profesionalismo, fuera de toda duda, Ángela Buitrago y Carlos Beristáin, los dos de los cinco integrantes originales que permanecieron hasta ayer que finalizó su mandato. Como sabemos, están por cumplirse nueve años de la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 y aún no se cuenta con la información contundente sobre su destino y paradero. Es difícil ofrecer un recuento de un proceso permeado desde sus primeras horas por una fuerte carga de dolor para sus padres, marcado por factores políticos y derroteros erráticos sólo en materia de investigación; ello sin abordar los aún precarios resultados en la ruta que ha sido judicializada. También hay que considerar que desde el inicio de su gobierno el Presidente de la República estableció el compromiso de resolver este caso. Se creó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa y se reactivó el GIEI.

La labor del grupo de expertos, mostrada en sus cinco anteriores informes y consolidada en el sexto, ha sido desentrañar paso a paso, todo el entramado que el peñanietismo construyó primero con la llamada verdad histórica en torno al basurero de Cocula que hoy tiene en la cárcel al ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam y prófugo en Israel a Tomás Zerón de Lucio. En el camino hubo de renunciar el fiscal especial para este caso Omar Gómez Trejo, en un contexto de bloqueos constante desde la propia FGR.

Demos así un salto a la polémica central, y yo diría crucial, colocada por el GIEI en su informe final, esto es que, pese a los reiterados llamados incluso presidenciales para que se abriera información relevante al GIEI por el Ejército y la Marina, éstos no han sido cumplidos. Con rigor mostró la cadena de documentación contundente sobre el nivel de colusión entre el crimen organizado y las autoridades de todos los órdenes. También destacó a detalle que existe nueva evidencia sobre el involucramiento activo de las fuerzas armadas y sus aparatos de inteligencia para construir lo que llamó mentira institucionalizada. El Ejército, señaló, en contradicción con lo que ha dicho por casi nueve años del 26 al 27 de septiembre de 2014, no sólo sabía lo que ocurría en tiempo real, sino que estuvo presente donde había negado estar. Concluyó con una serie de recomendaciones para continuar la investigación, sobre la necesidad de información de departamentos, autoridades, unidades de sistemas de información o inteligencia, sobre búsquedas pendientes y sobre participación de las víctimas y garantías de no repetición.

¿Cuál es el eje de alta preocupación después de este informe? Que el Presidente de la República se sintió llamado a respaldar incondicionalmente a las fuerzas armadas, que cuestionó tanto al GIEI como a la oficina de la ONU para los Derechos Humanos en México, dando dimensión de confabulación contra su gobierno, sin dejar de lado su crítica reiterada a los organismos de derechos humanos. Significativa y también preocupante su respuesta a los padres de los normalistas desaparecidos que demandaron una reunión con el Presidente y él expresó en su mañanera: más adelante. Fácil la traducción.

En contraste palidece la voz del subsecretario de Derechos Humanos, quien afirmó que se atenderán las recomendaciones del GIEI y obviamente que continuará la investigación. No está de más preguntarnos por la implicación de la ausencia de un planteamiento que incluya a las fuerzas armadas dentro de la llamada Cuarta Transformación. ¿Cuál es la propuesta crítica? Más allá de Ayotzinapa, elementos del Ejército han sido condenados en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente por acciones en Guerrero, la masacre aún impune del 2 de octubre de 1968, entre otras; por ejemplo, en la llamada guerra sucia para lo cual actualmente existe una Comisión de la Verdad. ¿Cómo se relaciona ese aval ciego a las fuerzas armadas con todas las grandes obras en que el Ejército y la Marina no sólo son constructores, sino también administradores a la par que supuestamente se hacen cargo de la seguridad para contener la oposición social a las mismas? Además hay que señalar que junto a la postura presidencial, articulistas de medios de prensa señalados con frecuencia de manera crítica hoy están activos en defensa del Ejército y cuestionando al GIEI así como han defendido estos años a la verdad histórica, incluso alguno ha asentado la afirmación que criminaliza a los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Vemos que el Ejército tiene sus seguidores y lamentablemente acompañan la postura presidencial. Bien dijeron los familiares sigue siendo el Estado.