El mercado de la consultoría tendrá un nuevo jugador de peso completo: Pénte + Soluciones, fundado por cinco individuos que hasta hace unos meses ocuparon cargos estratégicos en el Instituto Nacional Electoral (INE). Edmundo Jacobo Molina (secretario ejecutivo), Gabriel Mendoza Elvira (director jurídico), Carlos Ferrer Silva (titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, UTCE), Emilio Buendía Díaz (secretario particular del ex consejero presidente Lorenzo Córdova) y Javier Naranjo Silva (jefe de la oficina de la presidencia del Consejo General) son desde ahora empresarios dedicados a proveer asesoría en materia electoral, aconsejando a sus clientes sobre las medidas cautelares que dicta el instituto, coaliciones, candidaturas y procedimientos administrativos sancionadores, entre otros asuntos.

Durante largo tiempo (hasta 15 años, en el caso de Jacobo Molina), los socios de Pénte detentaron el manejo administrativo, organizativo, financiero y jurídico del INE. En el desempeño de sus roles adquirieron una serie de conocimientos especializados y tuvieron acceso a información privilegiada que ahora se disponen a explotar para su beneficio económico.

Es revelador que, al ser interrogado acerca de los conflictos éticos de su emprendimiento, Buendía eluda la cuestión y se enfoque en remarcar la legalidad de sus operaciones. Esta actitud evasiva sugiere que los ex funcionarios son conscientes de la inmoralidad que supone colgar el silbato de árbitros para ponerse al servicio de los contendientes, y de que una conducta tan reprensible sólo tiene cabida en un marco legal creado para impulsar los negocios privados sobre el bien común. Al amparo de esa legalidad, diseñada por y para la oligarquía política, mediática y empresarial del régimen pasado, personajes sin escrúpulos han perpetrado algunos de los mayores desfalcos contra la nación a sabiendas de que no sólo permanecerían impunes, sino que serían recompensados por los beneficiarios de sus tropelías. En este sentido, es ineludible recordar a los ex presidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, quienes fueron fichados como altos directivos de trasnacionales a las que entregaron bienes públicos o concedieron contratos en términos claramente lesivos para el Estado.

La premura con que Edmundo Jacobo y compañía se reinventaron como brokers o, según la expresión mexicana, coyotes de trámites electorales, pone de manifiesto hasta qué punto los procesos que rodean a la democracia representativa se han convertido en una veta inagotable de ganancias para agencias, despachos, consultorías, asesorías y demás parásitos del erario. Este ecosistema mercantil construido alrededor de los comicios explica la corrupción que carcomió al INE durante el cordovato, pero también el elevadísimo costo que han alcanzado estos procesos, hoy por hoy verdaderos pozos sin fondo para el presupuesto, que absorben los limitados recursos federales en detrimento de programas sociales e inversiones impostergables para el desarrollo.

Para colmo, los noveles hombres de negocios formaron parte de un grupo faccioso dentro del INE, el cual puso todas las capacidades del instituto al servicio de las derechas y sus partidos. El hecho de que ahora puedan, legalmente, usar la información, las influencias y las conexiones adquiridas cuando fueron autoridad para socavar la democracia desde la iniciativa privada hace ver la urgencia de una reforma integral del sistema electoral y político a fin de expulsar los intereses pecuniarios del régimen de partidos y de los procedimientos comiciales. Dicha reforma debe redefinir la manera en que se tipifica el conflicto de intereses, así como las implicaciones penales que deben afrontar quienes incurren en la práctica de las puertas giratorias, un mecanismo por el que funcionarios codiciosos y carentes de vocación ponen los conocimientos adquiridos en el sector público al servicio de quienes mejor les paguen por sus servicios.