La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó ayer que realizará una investigación al Buró de Crédito luego de que a la empresa le fuera sustraída una base de datos con información personal y crediticia de miles de clientes de instituciones financieras. Según se sabe, el hackeo de los datos tuvo lugar en 2016, pero se detectó en 2022, y durante todo ese tiempo estuvieron a la venta en la Internet profunda ( deep web). Por ello, la CNBV anunció un exhaustivo procedimiento de evaluación del sistema de control interno en materia de resguardo, seguridad física y logística de la información; la seguridad en las comunicaciones que tiene con los distintos sujetos con los que interactúa; la infraestructura tecnológica, y la existencia y aplicación de las políticas de seguridad de la firma.

Aunque a veces percibido por los usuarios de servicios financieros como una instancia que se encuentra por encima de los bancos y otros otorgantes de crédito, el Buró es una empresa privada que goza de un monopolio de facto en una misión tan necesaria como sensible: llevar un registro del comportamiento de los deudores y proporcionar esa información a los prestamistas a fin de que éstos tomen decisiones acerca de a quién prestar, cuánto y bajo qué condiciones. El control sobre este servicio le ha permitido ejercer poderes discrecionales, autoritarios y opacos sobre los clientes, quienes simplemente no tienen alternativas frente al puntaje adjudicado por la compañía para demostrar su idoneidad al solicitar un crédito de cualquier tipo, desde una tarjeta para consumo hasta un financiamiento hipotecario del que puede depender todo un proyecto de vida. En contraste con su activismo en contra de las empresas públicas, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) nada ha hecho para propiciar la competitividad en beneficio de los consumidores ante este agente cuyo carácter monopólico es tan evidente como pernicioso.

La revelación de que el Buró no sólo tiene a su merced a los clientes, sino que además los pone en peligro con un manejo negligente de sus datos, indica la urgencia de emprender reformas legales tanto para deshacer esta concentración arbitraria de poder como para garantizar que no se repitan filtraciones como la sucedida. Asimismo, cabe preguntarse si hay más archivos circulando en Internet, pues ahora sabemos que pueden transcurrir hasta siete años entre el robo de la información y el conocimiento del mismo por el público.

Este episodio recuerda incidentes como el del fallido Registro Nacional de Vehículos (Renave) a finales de la década de 1990, cuando el gobierno de Ernesto Zedillo entregó la concesión para operar el censo de automotores a una empresa dirigida por Ricardo Miguel Cavallo, un genocida de la última dictadura militar argentina que, para colmo, tenía un historial internacional como ladrón de autos. También presenta similitudes con el impresentable tratamiento que el Instituto Nacional Electoral (INE) da al padrón a su cargo, el cual se encuentra a la venta hasta en redes sociales, pese a contener datos tan sensibles como el nombre completo, edad, fotografía, domicilio, firma, clave de elector, Clave Única de Registro de Población (CURP) y huellas dactilares de los ciudadanos.

Está claro que el marco legal falla cuando una empresa privada asume funciones que deben realizarse no bajo criterios de lucro, sino de bien común y de servicio público. Otro tanto puede afirmarse respecto al INE y su indolencia en las filtraciones del padrón, un descuido particularmente censurable si se considera la magnitud de los recursos que año con año el erario entrega al organismo.