Durante el evento conmemorativo por los 40 años de operación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas, informó que en este momento existen en el país 80 mil solicitantes de refugio. De acuerdo con el funcionario, esta cifra representa una significativa desaceleración en el crecimiento de las solicitudes: entre 2018 y 2019 el número de personas que buscaban asilo en nuestro país, pasó de 30 mil a 70 mil. El funcionario advirtió que, sin embargo, es previsible un súbito aumento en las cifras en cuanto el fin de la pandemia permita la reanudación de los flujos migratorios.

Por su parte, la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ratificó la política mexicana de recepción a los migrantes que busquen apoyo en la nación, celebró que la Comar haya permanecido abierta y en servicio durante todo el periodo de emergencia sanitaria, y llamó a mantener los derechos humanos como un pilar fundamental de la nueva normalidad que se encuentra en construcción. En este sentido, reconoció que hay mucho trabajo por delante para erradicar, de una vez por todas, la discriminación con la que se trata a los refugiados.

Lo cierto es que la llegada de personas en busca de la protección mexicana es un desafío permanente y creciente que debe ser asumido desde todos los ámbitos de actuación del Estado. En la presente coyuntura, esta misión se conjuga con la urgencia de recuperar los millones de plazas laborales que se han perdido como resultado de la crisis económica provocada en México y en el resto del mundo por las medidas sanitarias adoptadas para disminuir la propagación de la pandemia.

Tal contexto hace pertinente poner en el centro del debate las palabras de la encargada de la política interior, pues sería deplorable que las dificultades que atraviesa el conjunto de la sociedad mexicana se usaran como pretexto para justificar actitudes xenofóbicas y racistas.

En la integración plena de los buscadores de refugio deben pesar tanto un criterio ético como uno práctico. Es decir, que dejarlos de lado sería inadmisible desde un punto de vista de derechos humanos, pero también resultaría tremendamente mezquino cerrar las puertas a 80 mil personas cuando el problema tiene una escala de millones: responder a su petición de ayuda supone una parte minúscula del esfuerzo material necesario para encauzar la economía nacional, mientras que no emprender este empeño adicional provocaría un enorme sufrimiento humano.

En esta tarea es imperativo concientizar a la ciudadanía acerca del hecho de que, como recordó el subsecretario Encinas, los refugiados se vieron obligados a dejar sus lugares de origen debido a la persecución, la violencia y la pobreza, y que llegan a México con la esperanza de reconstruir sus proyectos de vida. Toca al Estado brindarles esta oportunidad, y a los ciudadanos acompañar el proceso en la medida de sus posibilidades.