De acuerdo con un estudio divulgado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) el pasado 11 de mayo, si este año el producto interno bruto (PIB) de la nación se contrae en 5.3 por ciento, hasta 9.8 millones de personas podrían caer en pobreza por ingresos y 10.7 millones, en pobreza extrema;es decir, la población en pobreza por ingresos pasaría de los 52.65 millones estimados por el mismo organismo en 2018, a 62.4 millones al concluir 2020, mientras la población en pobreza extrema se duplicaría, al pasar de 9.3 a 20 millones de personas. Si se considera que una mayoría de analistas e instituciones financieras calcula la contracción venidera en más de 7 por ciento del PIB, cabe temer que la crisis económica causada por la emergencia sanitaria en curso sea incluso más aguda, una posibilidad planteada ayer por el área de investigación del banco BBVA.

Más allá de lo acertadas que resulten las predicciones del organismo autónomo y de la entidad bancaria, es indudable que tanto las medidas de confinamiento y distancia social adoptadas para contener la propagación del nuevo virus impactan de manera significativa en las condiciones de vida de millones de personas. Este cataclismo es evidente en la mayor parte de los sectores económicos de México y del mundo, pero tiene manifestaciones extremas sobre regiones y actividades particularmente sensibles: un ejemplo de ello puede atestiguarse en el municipio bajacaliforniano de Los Cabos, donde la contingencia ha dejado sin empleo a 60 por ciento de los trabajadores, debido a que 90 por ciento de su actividad económica depende primordialmente del turismo.

El panorama descrito obliga a reconocer que, sin importar el signo ideológico de cada gobierno, las políticas públicas vigentes en todos los países (y, particularmente, las estrategias sociales orientadas a la población más vulnerable) fueron diseñadas para una realidad que ha dejado de existir. Ante este hecho, parece necesario que la Cuarta Transformación revise el conjunto de sus políticas sociales, con especial atención en los programas de bienestar, pues todo indica que para cumplir los objetivos planteados por el presidente Andrés Manuel López Obrador será ineludible ajustar y profundizar la estrategia adoptada, extender las políticas sociales, establecer nuevos mecanismos de redistribución de la riqueza y de rescate de sectores marginados, así como generar o fortalecer redes de colaboración y cooperación social.

Se trata de un desafío de enormes dimensiones que deberá asumirse, además, en circunstancias de estrechez global, caída de los intercambios, persistente incertidumbre acerca del futuro inmediato, e incluso de bancarrota de sectores enteros de la economía, como el citado turismo o el no menos golpeado transporte aéreo; todo lo cual se traducirá en un recrudecimiento de la competencia internacional que sin duda creará dificultades adicionales para la reactivación económica en México. Con todo, el momento exige revisar los programas de bienestar, pues no hacerlo incrementaría el impacto de los obstáculos referidos.