Amnistía Internacional dio a conocer ayer los resultados de una investigación sobre las condiciones en que desempeña sus labores el personal sanitario en el continente americano durante la pandemia causada por el SARS-CoV-2. El informe El costo de curar: los derechos de personas trabajadoras de la salud en las Américas durante el Covid-19 y más allá recoge testimonios directos e indirectos de personal de limpieza de hospitales y residencias de personas mayores, personal médico y de enfermería, auxiliares de enfermería, personal subalterno de hospitales y especialistas en epidemiología, y concluye que éstos trabajan a menudo en condiciones inseguras con equipos de protección insuficientes y se arriesgan a sufrir represalias de las autoridades o los empleadores si denuncian su situación, mientras en algunos casos han sufrido incluso amenazas de muerte y ataques físicos.

En el caso de México, la organización de defensa de los derechos humanos señala deficiencias en la provisión de equipos adecuados de protección personal (EPP), posibles fallas en el diagnóstico de personas con síntomas clínicos de Covid-19, falta de sensibilidad de los superiores en los hospitales para procesar las inquietudes de sus subalternos, entre otros problemas. En cambio, reconoce el papel central que la Secretaría de Salud y el presidente Andrés Manuel López Obrador han dado a la labor del personal médico y de enfermería, así como su rápida acción ante las agresiones físicas perpetradas contra el personal sanitario en distintos puntos del país.

A lo largo de las semanas en que México ha afrontado la emergencia sanitaria en curso, se han presentado denuncias recurrentes en centros hospitalarios respecto de la carencia o deficiencia de los equipos de protección personal, un problema grave en tanto contar con estos suministros es fundamental para proteger las vidas de quienes se encuentran en primera línea de combate contra la pandemia. Si se consideran los esfuerzos de las autoridades para adquirir estos materiales, ya sea en el mercado abierto o mediante convenios con otras naciones –rubro en el que cabe destacar el puente aéreo establecido con China y la gestión ante Donald Trump para adquirir en Estados Unidos ventiladores mecánicos, pese a que su exportación estaba temporalmente suspendida–, habría que buscar el primer origen de estos reclamos en un problema de distribución.

A su vez, las causas de este problema podrían responder a errores logísticos, desorganización o casos puntuales de acaparamiento interno en algunos centros hospitalarios. Una última causa de malestar entre el personal sanitario podría atribuirse a la falta de una comunicación adecuada al momento de asignar los distintos tipos de EPP, pues aunque todo el personal sanitario debe recibir estos insumos, sus especificaciones varían de acuerdo con el grado de exposición y riesgo de quien los usará.

Tampoco puede pasarse por alto que, al margen de los reclamos legítimos de los trabajadores sanitarios, existen sectores de la oposición partidista, empresarial y mediática empeñados en magnificar e incluso distorsionar los problemas existentes con fines de golpeteo político; práctica deplorable en cuanto no contribuye en nada a resolver los desafíos existentes y, en cambio, puede agravarlos al sembrar confusión entre la ciudadanía.

Ante este panorama, las autoridades deben transparentar su actuación, dar respuesta puntual a toda protesta justificada, corregir su estrategia en los puntos que así lo requieran y sancionar a quien haya incurrido en responsabilidades penales o administrativas en menoscabo de los derechos de los trabajadores de la salud: lo que no puede permitirse es que se cometan injusticias con el personal hospitalario, pero tampoco que situaciones aisladas minen la credibilidad del sistema de salud pública, pues dicha credibilidad constituye, sin lugar a dudas, uno de los elementos centrales en la lucha contra la pandemia.