Ángel Guerra Cabrera

Los registros de la agencia antidrogas de Estados Unidos, DEA por sus siglas en inglés, desmienten rotundamente, como veremos, las banales acusaciones de narcotráfico lanzadas por Donald Trump contra su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, y miembros de su gobierno. Queda claro que la nueva y belicosa embestida del magnate inmobiliario contra Venezuela tampoco tiene nada que ver con la defensa de la democracia. ¡Al contrario! Es consecuencia del absoluto fracaso de todos los planes golpistas y desestabilizadores de su administración contra el gobierno constitucional y legítimo del presidente Maduro. No en menor medida, también de un desesperado intento electoralista por hacer que los estadunidenses miren hacia otro lado y no al cuadro dantesco de su cada vez más desastrosa y mortífera gestión de la pandemia del coronavirus, con un saldo altamente negativo mundialmente que supera de forma notoria en velocidad la del ritmo de contagios y defunciones de los otros países más afectados por la enfermedad. Y otra razón para la embestida trumpista antivenezolana muy probablemente obedezca al muy erróneo cálculo de que la situación de pandemia colocaría al país bolivariano en una situación más propicia para hacerlo objeto de las inmorales e ilegales bravatas y amenazas del propietario de casinos. Resulta que Venezuela está mostrando una impresionantemente bien conducida estrategia de contención al virus, apoyada por su población, y, además, por reconocidos expertos de Cuba, China y Rusia.

Hagamos un muy apretado resumen de los hitos de la embestida antivenezolana. En una serie de escenas que más que actos de Estado asemejan una farsa grotesca, primero, el procurador general de Estados Unidos, William Barr (en su momento recibió de la administración de Bush padre la encomienda de realizar la fundamentación legal para la invasión de Panamá de 1989), acusó de narcoterrorismo al presidente Maduro y a varios miembros de la cúpula gubernamental venezolana y, al estilo de lejano oeste, ofreció recompensas por informaciones que condujeran a su detención.

Curiosamente, la acusación incluye a dos generales hace tiempo desertores del instituto armado de Venezuela y domiciliados en el extranjero. Jurídicamente hablando, la acusación de Barr es totalmente inválida, toda vez que acorde a la Carta de la ONU y hasta la de la putrefacta OEA, el gobierno de un país no tiene jurisdicción sobre el territorio de otro. Eso, sin contar que Barr no presentó prueba alguna contra el presidente Maduro y los otros venezolanos que involucró, simplemente porque no las tiene. No es ocioso añadir que una acusación no es ni remotamente un fallo de culpabilidad, por lo que su uso en este caso no pasa de ser una torcedura de la ley por Barr para cumplir con los propósitos políticos antivenezolanos de Trump. La cuestión es muy clara. La DEA afirma en todos sus informes hasta 2019 que Colombia es la fuente primaria para la cocaína capturada en Estados Unidos. Según el Cocaine Signature Program elaborado por la DEA en 2018 aproximadamente 90 por ciento de las muestras de cocaína analizadas fueron de origen colombiano, 6 por ciento de origen peruano y 4 por ciento de origen desconocido. En otras palabras, de acuerdo con los registros de la agencia federal para las drogas de Estados Unidos, no se encuentra en ese país cocaína ni ningún otro narcótico procedente de Venezuela.

De modo que la conferencia de prensa ofrecida la Casa Blanca pocos días después de la acusación de Barr en la que Trump anunció el inicio de la más grande operación antidroga llevada a cabo en el hemisferio occidental y el despliegue de toda una armada en el Caribe, pero apuntando a tierras bolivarianas, no es más que otro episodio de la farsa antivenezolana dirigida a hacer presión contra Caracas y a justificar un eventual ataque posterior, sea por paramilitares desde Colombia o por un operación de más envergadura.

Lo único razonable que puede hacer Estados Unidos en una coyuntura humanitaria tan dramática como la que sufre la humanidad, y su propia población en primer lugar, es apoyar el llamado a la paz y a silenciar las armas en el mundo formulado por el secretario general de la ONU Antonio Guterres, levantar el bloqueo a Venezuela, Cuba, Nicaragua, Palestina, Irán y Siria. De una vez respetar el derecho de Venezuela a la autodeterminación y que el secretario de Estado, Mike Pompeo, deje de presentar marcos para la transición a la democracia en Venezuela que el pueblo de ese país aventará al cesto de la basura como siempre que su soberanía e independencia se han visto amenazadas.