Néstor Martínez Cristo

Recorro a pie el exterior de la Facultad de Filosofía y Letras, y voy leyendo algunas de las consignas pintadas a brochazos en los grandes ventanales de la fachada que mira hacia las islas de Ciudad Universitaria.

Violenta, antes que muerta.

El único hombre útil es el que no estorba.

Dentro de todo guerrillero hay un macho opresor.

Otra: Mata a tu violador.

Y una larga manta blanca, tendida sobre la puerta principal del plantel, remata: “Ya que provocamos la hoguera, que arda lo que tenga que arder…”.

La Facultad de Filosofía y Letras está en paro de actividades desde hace casi tres meses por un grupo de feministas que se autodenomina Mujeres Organizadas. Ellas enarbolan una bandera de rabia, que pudiera resultar desconcertante para algunos, pero con la cual, en el fondo, uno no puede no estar de acuerdo.

Las universitarias tienen, sin duda, todo el derecho a sentirse seguras, respetadas, libres del acoso y de la violencia de género, en un país donde la subcultura del macho abusa, machaca, maltrata y mata a las mujeres. Ellas están en su lucha y por eso cerraron esa facultad y algunas preparatorias. Están por el fin del patriarcado.

Mientras reflexiono sobre la virulencia de los letreros en Filosofía y Letras, llama mi atención algo de este conflicto que resulta curioso: en estricto sentido, paristas y autoridades de la UNAM han estado siempre del mismo lado. El rector Enrique Graue ha sido terminante en que la violencia contra las mujeres no cabe en la universidad. Es simplemente inadmisible e inaceptable.

Desde hace cuatro años, en el contexto de la adhesión de la plataforma HeforShe, de las Naciones Unidas, la UNAM puso al servicio de las y los integrantes de su comunidad el Protocolo para la Atención de los Casos de Violencia de Género. Fue por medio de este instrumento que el tema de la violencia de género se hizo visible pronto en la institución. Antes del año de la puesta en marcha del protocolo, el número de denuncias aumentó diez veces y desde entonces el crecimiento ha sido exponencial y las sanciones impuestas lindan ya las 400. Esto, sin embargo, pareciera ser apenas el comienzo de una verdadera transformación de fondo.

Si bien es cierto que los instrumentos jurídicos que la Universidad Nacional se ha dado para atender el problema se han ido modificando paulatinamente para hacerlos más flexibles y cercanos a las y los universitarios, resulta evidente que esto no ha sido suficiente y deben ser perfeccionados. Algunos sectores de la comunidad, particularmente los colectivos feministas, los consideran lentos y poco eficaces.

Para las feministas, la simple denuncia –incluso la anónima o mediante los llamados tendederos– debe ser motivo suficiente para la remoción y sanción inmediata del implicado, sea alumno, profesor, funcionario o trabajador administrativo. No puedo estar de acuerdo con esto, pues contraviene abiertamente derechos, normas y la legislación no sólo de la universidad, sino del país e incluso leyes internacionales.

Esta idea constituye precisamente el punto de desencuentro entre las autoridades universitarias y las feministas. Alcanzar un acuerdo al respecto no parece sencillo, pero estoy seguro de que las universitarias y los universitarios poseen la imaginación suficiente y cuentan con las herramientas necesarias para hallar una salida consensuada y satisfactoria, basada en el diálogo y no en medidas punitivas ni de fuerza.

Las autoridades universitarias han atendido y aceptado ya los puntos establecidos por las paristas en sus pliegos petitorios originales, así como las demandas adicionales que se han sumado posteriormente, en particular las cartas de no represalias contra ellas, no obstante los destrozos causados al interior de algunas escuelas.

De manera mayoritaria, alumnas y alumnos afectados por el paro, profesores, profesoras y padres de familia, han comenzado a expresar su hartazgo por la falta de acuerdos. Los ánimos se enconan y las posiciones se polarizan en cada plantel.

Lo conseguido por el feminismo universitario representa, sin duda, un triunfo para su causa. Un avance que, como ya se dijo, es apenas el inicio de una lucha por la igualdad y la equidad de género. La sociedad, el país y la propia universidad se fortalecen con ello.

Mantener cerradas las instalaciones no abona a la causa feminista y sí entorpece, en cambio, las posibilidades de diálogo. La presencia de hombres adultos, embozados dentro de los planteles, es un claro síntoma de la contaminación del movimiento. Corresponde a las partes no permitir las injerencias externas y dar una salida estrictamente universitaria.

Urge, pues, que los planteles sean reabiertos y que la vida académica se restablezca para poner en práctica los nuevos acuerdos. Sin vida académica no existe comunidsad universitaria y sin ésta no es posible construir una convivencia sana, segura y pacífica. Sólo con los planteles abiertos se podrá seguir empujando, desde el mismo lado, hacia la erradicación de la violencia de género en la UNAM.