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SEGUNDA JORNADA POR LA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA


 

 

Carlos Fazio

De cara a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre próximo en Estados Unidos, la política de cambio de régimen en Venezuela ocupa un lugar central en la agenda doméstica de la administración Trump. Tras el fracaso de sucesivas intentonas golpistas y el debilitamiento de la oposición interna al gobierno constitucional y legítimo de Nicolás Maduro, la nueva hoja de ruta de los halcones de Washington parece priorizar, en esta etapa, una revitalización de la guerra mediática con eje en el viejo señuelo del terrorismo internacional.

En la batalla comunicacional del narcisista de la Casa Blanca contra el Partido Demócrata, Venezuela no es sólo un objetivo geopolítico sino una suerte de circunscripción electoral articulada con el estado de Florida, donde hay que invertir recursos en medios y propaganda en lógica de espectáculo. Y en ambos frentes, el doméstico y el geopolítico, la disputa por el relato y la percepción implica la fabricación de una matriz de opinión capaz de influir en las emociones, el razonamiento objetivo y el comportamiento de los votantes. Lo que supone recurrir a campañas de guerra sicológica y a lo que en Estados Unidos llaman prensa prostituta ( presstitute).

Lo anterior tiene una dimensión interna y otra externa. Y dado que Venezuela ocupará un lugar central en la campaña releccionista del republicano, el súper halcón Elliott Abrams, representante especial del gobierno estadunidense para el país sudamericano, y el anticastrista Mauricio Claver-Carone, principal asesor de Trump para América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés), han recomenzado a administrar los recursos humanos así como el proceso de reingeniería en la nómina de los partidos políticos venezolanos de oposición, incluida la reutilización del diputado Juan Guaidó.

Convicto de crímenes de guerra en Centroamérica y considerado el comisario político de Guaidó, Abrams anunció el 6 de enero que en acuerdo con el gobierno legítimo de Venezuela (sic), Washington apoyaría con fondos a la prensa libre y a las fuerzas de la libertad de la Asamblea Nacional (en desa­cato), y buscaría que otros países también dieran apoyo político, diplomático y financiero a grupos opositores. Añadió que los fondos ya se están suministrando a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Usaid) y la Oficina de Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado.

Como parte de ese proceso de reingeniería teledirigida desde los sótanos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Pentágono, seis días después el devaluado presidente artificial Guaidó −quien no controla absolutamente nada en Venezuela−, anunció que su falso interinato iniciaría acciones y medidas legales contra la televisora multiestatal Telesur, mismas que estarían encaminadas a repetir el patrón de saqueo y expropiación ilegal de activos venezolanos que el año pasado cobró como primeras víctimas a Citgo, filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos y a la paraestatal petroquímica Monómeros, con sede en Barranquilla, Colombia.

Las razones para intentar bloquear o destruir a Telesur son simples: más allá de las condiciones asimétricas en que se libra la batalla por la narrativa, Telesur ha sido un bastión en la recuperación de la memoria histórica de los pueblos latinoamericanos y en el terreno de la información versus las falsificaciones de los corporativos mediáticos de Occidente, utilizados para alterar los acontecimientos y blanquear crímenes y genocidios.

Como parte del mismo guion, el 20 de enero, en el marco de una cumbre antiterrorista en Colombia –epicentro del narcoparamilitarismo de la era Uribe y reducto de una red de bases militares de Estados Unidos–, el secretario de Estado, Mike Pompeo, declaró que Maduro recibe disidentes de las FARC y el ELN y que el régimen de Irán, con su brazo armado Hezbollah, está en Venezuela y eso no es aceptable. Ergo, la trama terrorista como coartada para criminalizar al adversario y convertirlo en blanco de acciones encubiertas desestabilizadoras, con base en ficciones y falsos expedientes elaborados en los laboratorios de propaganda de los servicios de inteligencia estadunidenses.

Protegido por el presidente Iván Duque y la organización paramilitar colombiana Los Rastrojos, Guaidó sostuvo en Bogotá una breve reunión con Pompeo, quien le entregó la agenda a desarrollar el 23 de enero en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, donde el autoproclamado aportó supuestas pruebas sobre los vínculos de Venezuela con el terrorismo. No obstante, según The New York Times, carente de ideas frescas, Guaidó, el hombre que había prometido un cambio para Venezuela, fracasó, y tampoco pudo reunirse con Donald Trump.

Por otra parte, los vínculos oscuros y corruptos de Guaidó son cada vez más inocultables. Recientemente, The Wa­shington Post y la agencia Reuters develaron los nexos de Guaidó –vía su padre– con el abogado personal de Trump, el ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, y el ex magnate venezolano Alejandro Betancourt, investigado en Venezuela y quien está en la mira del gobierno estadunidense por corrupción y lavado de capitales en Florida. Giuliani instó a los fiscales del Departamento de Justicia a que actuaran con calma con Betancourt, porque estaba respaldando financieramente a Guaidó y ayudando a Estados Unidos con su causa.

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