De acuerdo con los indicadores oficiales, el año pasado fue el más violento para las mexicanas desde que empezó a hacerse el recuento, en 2015. Si en ese año las autoridades registraron 411 feminicidios, para 2019 la cifra se había elevado a 976, un incremento de 137 por ciento en cuatro años. En la espeluznante lista de entidades con mayor número de feminicidios están: Veracruz (157 casos, 16 por ciento del total nacional), estado de México (122 casos), Puebla (67) y Nuevo León (65). Si se relaciona este delito con el tamaño de la población, las primeras entidades son Morelia, Veracruz, Colima, Sonora y Nuevo León.

El feminicidio es la forma más extrema y bárbara de violencia de género, pero dista mucho de ser la única. Así, el año pasado se llegó a un nivel sin precedente de llamadas de emergencia relacionadas con abusos sexuales, hostigamiento, violación y violencia de pareja. El mes pasado las llamadas de emergencia por situaciones de violencia contra mujeres alcanzaron un pico de 21 mil 628. Un aspecto particularmente doloroso y exasperante es la violencia de toda clase –también al alza– en contra de niñas y adolescentes.

Indudablemente, la violencia de género requiere de mayor voluntad política y de un mayor compromiso por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes de la Unión para establecer políticas de Estado que permitan reducir este indignante fenómeno, y es claro que falta mucho por hacer en este terreno en materia de legislación, procuración e impartición de justicia, prácticas administrativas, estrategias de bienestar, desarrollo social, difusión y educación.

Pero el incremento de las agresiones en unos pocos años hace pensar que el primero de los esfuerzos necesarios corresponde al ámbito de la comprensión del fenómeno, el cual no puede ser reducido a uno solo de sus aspectos. Es necesario, en consecuencia, asumir que se trata de un asunto multidimensional en el que intervienen factores culturales, sociales, sicológicos, políticos, económicos, legales y judiciales.

En esta lógica, se hace necesario emprender un diálogo nacional entre distintos sectores, en el que confluyan activistas, académicos, autoridades y dirigencias sociales a fin de definir por consenso las medidas que deben ser adoptadas en el país para hacer frente al abanico de delitos y actitudes antisociales que se engloban bajo el rubro de la violencia de género. Lo inadmisible, en todo caso, es la inacción o los afanes de minimizar esta barbarie a la que está sujeta la mitad de la población las 24 horas del día y los 365 días del año, independientemente de edad, pertenencia cultural, clase social u ocupación. Corresponde a las autoridades federales, pues, convocar a un gran diálogo nacional y sin exclusiones que permita establecer acciones con el acuerdo general para poner fin a esta ignominia.