Magdalena Gómez

A cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, la ejecución extrajudicial de seis personas y las heridas, en varios casos de gravedad, infligidas a otras 25 víctimas, hoy se cuenta con la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, encabezada por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación (SG). Es de reconocer al presidente Andrés Manuel López Obrador la decisión y compromiso enfático, frente a las madres y los padres de los estudiantes desaparecidos, en el sentido de reiniciar prácticamente toda la investigación y desechar de entrada la verdad histórica de Murillo Karam, quien hasta estos días ha dicho que no todos los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.

En ese terreno destacan los padres de los estudiantes desaparecidos, en medio de su dolor y desesperación señalan que ahora tienen esperanza y eso es altamente valorado por ellos y exigen juzgar a Jesús Murillo Karam, ex titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), y a Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Sin embargo, el que el Presidente, el subsecretario Encinas y el fiscal para el caso Omar Gómez literalmente se hayan puesto la camiseta, aún no augura resultados contundentes. Se ha declarado que cada vez estamos más cerca de conocer la verdad de los hechos, aunque eso no implica que se vaya a castigar a los responsables. ¿Cuál puede ser el alcance de esta labor? Son demasiadas las irregularidades y manipulaciones de la extinta PGR, cometidas tanto en la investigación construida como en las consignaciones de detenidos ante jueces, a ninguno por el delito de desaparición forzada, lo que ha permitido a éstos cobijarse para decretar la liberación de personajes claves. Destaca la excarcelación de Gildardo López Astudillo, El Gil. Uno de los ejemplos más recientes es el de que se comprobó la omisión de un estudio de la Oficina Federal de Investigaciones en torno a los celulares de algunos de los desaparecidos, en el que se verificaron lugares y fechas posteriores al 27 de septiembre en las que fueron usados con el mismo comportamiento de registros de meses atrás. Seguramente la incorporación de dos de quienes fueron miembros del GIEI y la experiencia que al respecto tiene el fiscal Gómez Trejo les permitirá redefinir líneas de investigación o abrir otras. Ello aunado al acompañamiento del abogado Vidulfo Rosales y de Santiago Aguirre, director del Centro Pro de Derechos Humanos, quien observa que de no proceder contra quienes obstaculizaron la investigación o incurrieron en actos violatorios a derechos humanos muy seguramente no se romperán los pactos de impunidad que hoy impiden conocer el paradero de los estudiantes. El propio Vidulfo Rosales ha puesto el dedo en la llaga al señalar que es la Secretaría de la Defensa Nacional la que debe ser congruente, ahora sí, ya que canceló dos reuniones con la comisión y además no ha proporcionado una “respuesta puntual a los cuestionarios que los padres entregaron durante su visita al 27 Batallón de Iguala el 24 de julio de este año. Por su parte el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, advirtió que es de reconocer esta nueva etapa y advirtió que la investigación del caso Ayot­zinapa está dañada por fabricación y encubrimiento de autoridades en el pasado y destacó la dificultad que prevalece para distinguir las pruebas reales de las fabricadas, así como para rescatar todo aquello que puede servir para dar con el paradero de los estudiantes.

Mañana se cumplirán 51 años de que se perpetró la masacre estudiantil. El ex presidente Vicente Fox creó en 2000 la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), que orientó la investigación sobre el delito de genocidio y responsabilizó de ello, de manera central, al ex presidente Luis Echeverría. En 2009, pese al empeño del Comité 68, un juez confirmó que la acción penal no había prescrito, que se acreditó el cuerpo del delito de genocidio, no así la probable responsabilidad de Echeverría Álvarez en su comisión.

Joinet en su clásico informe sobre impunidad afirmó: Para poder dar la vuelta a la página es necesario ¡haberla leído! Pero la lucha contra la impunidad no es tan sólo una cuestión jurídica y política; ¿no nos olvidamos a menudo de su dimensión ética? (Informe final M. Joinet ONU CDH, 49 sesión Distr. General E/CN. 4/Sub. 2/1997/20/Rev.1 2 octubre de 1997.) A eso se refirió el maestro egresado de Ayot­zinapa Aquilino Flores Mejía ( La Jornada, 28/9/19): ¡Cuando alguien muere se le tiene que dejar ir, pero cuando a alguien se le desaparece, se le tiene que hacer volver!