Se cumplieron ayer cinco años del desastre ecológico provocado por una filial del consorcio minero Grupo México en los ríos Bacanuchi y Sonora, en los que derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre a través del arroyo Tinajas. La contaminación se desplazó alrededor de 270 kilómetros hasta llegar a la presa El Molinito, principal fuente de agua de Hermosillo, y las sustancias tóxicas inundaron 322 pozos.

Veintidós mil pobladores de ocho municipios resultaron afectados. En su momento, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó niveles por encima de la norma de aluminio, arsénico, cadmio, cobre, cromo, fierro y plomo.

Un lustro más tarde, Grupo México continúa cumpliendo con retraso, de manera parcial y a regañadientes las acciones de remediación que le fueron dictadas por las autoridades; el fideicomiso que la empresa fue obligada a establecer, de 2 mil millones de pesos (suma que representa menos de uno por ciento del valor que tenía la compañía en la Bolsa Mexicana de Valores el año del desastre), fue manejado con manifiesta opacidad, y tanto la Conagua como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofrepis) y las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa) y Salud actuaron de manera omisa e irresponsable.

Aunque la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó una denuncia contra quien resultara responsable por delitos ambientales (que pueden alcanzar penas de nueve años de prisión, además de multas por 300 mil días de salario mínimo), nadie fue procesado penalmente, a pesar de que la propia Semarnat señaló un mes después del accidente que éste había sido ocasionado por un descuido en el mantenimiento de la maquinaria en la mina Buenavista del Cobre en Cananea, propiedad de Grupo México.

El consorcio, por su parte, tardó más de 48 horas en dar aviso a las autoridades y a lo largo del mes siguiente insistió en que el desastre fue causado por lluvias arriba de la media.

En suma, la catástrofe provocada hace cinco años en Sonora, cuyos efectos perduran a la fecha, no es sólo el mayor desastre ambiental en la historia del país, sino también uno de los más exasperantes episodios de impunidad, encubrimiento y complicidad entre funcionarios públicos y empresas privadas.

La inmensidad del daño causado habría debido ser suficiente, no sólo para imputar penalmente a ejecutivos de la compañía y obligarla a un completo y rápido resarcimiento de los daños, sino también para cancelarle la concesión, una medida que la Secretaría de Economía ni siquiera quiso considerar.

En la actualidad, el gobierno federal tiene ante sí el deber de hacer cumplir a cabalidad las obligaciones de la empresa en materia de mitigación y reparación en el caso del envenenamiento de los ríos Bacanuchi y Sonora, así como en el de Pasta de Conchos, donde a la fecha siguen sin ser rescatados los cuerpos de 63 de los 65 mineros que murieron atrapados en el socavón de esa mina coahuilense en febrero de 2006, a consecuencia de la negligencia de Grupo México.

Asimismo, las autoridades ambientales y laborales deben extremar la vigilancia en todas las instalaciones en las que opera ese consorcio, tristemente célebre por su desprecio a la vida humana y al entorno natural.

Para finalizar, es evidente la necesidad de que el Legislativo realice las reformas legales pertinentes para asegurar que las actividades mineras dejen de ser sinónimo de sobrexplotación, saqueo, impunidad y devastación ambiental.