Giovanna Gasparello*

El megaproyecto denominado Tren Maya prevé la construcción de mil 500 km de línea férrea a través de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y la operación de un tren alimentado a biodisel para transporte de carga y pasajeros. El proyecto contempla el reordenamiento territorial y social de la península con el objetivo de con-solidar la Región Maya a partir del impulso a la industria energética, la agroindustria y el desarrollo tecnológico, principalmente en función de la industria turística. Asimismo, prevé la creación de numerosos centros de población y la ampliación de aquellos ya existentes, sin un claro plan urbanístico. El aspecto más promocionado de este proyecto, y por el cual muchos empresarios locales y corporaciones trasnacionales manifestaron su apuro de subirse a él, es que será un detonante para el desarrollo turístico de zonas hoy marginales en la industria que tiene la costa caraíbica como fulcro. Esta apuesta conlleva distintos riesgos.

La exigua información aún disponible en la página www.tren-maya.mx muestra que cada parada prevé una zona de desarrollo ubicada entre la estación y el núcleo urbano. De tal manera se planea la emergencia de nuevos centros de población o el desarrollo de zonas conurbadas como efecto de la presencia del tren. El impulso a la urbanización y al consumo de suelo representa un elevado riesgo, pues la recurrente carencia en la planeación urbanística da pie a la generación de asentamientos urbanos espontáneos que se convierten en cinturones de marginación y precariedad social, más que en zonas de desarrollo.

Este reordenamiento territorial alrededor de enclaves turísticos ya es conocido en la península y en los otros destinos de esparcimiento construidos como planes de gobiernos a partir de los años 60. Es emblemático el caso de Cancún, impulsado desde el gobierno federal como centro integralmente planeado. Observando la situación de la ciudad y su entorno 40 años después, es inevitable preguntarse qué era lo que estaba planeado. La urbe en constante crecimiento es un sistema que gira alrededor de la exclusión e incluso de la segregación, esto es, lo opuesto a la integración y la supuesta derrama de desarrollo que el bienestar de los exitosos empresarios provocaría en el conjunto de la población. Estados que incluyen importantes destinos turísticos como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz, aún no se benefician de la ansiada derrama: la pobreza estructural alcanza entre 60 y 70 por ciento de sus habitantes, cuyos sueldos son insuficientes para adquirir la canasta básica alimentaria, según cifras de 2017 del Coneval.

Aunque lo niegue, con el empecinado impulso a megaproyectos como el Tren Maya o el Corredor Transístmico, la 4T refrenda su lealtad al dogma neoliberal según el cual el enriquecimiento de unos cuantos beneficiaría también a los demás, aunque sea por goteo ocasional de la mencionada derrama. Treinta años de neoliberalismo en México enseñan que desarrollo y progreso, misiones del Tren Maya, no surgen por generación espontánea del libre mercado. Lo que éste genera es desigualdad, por la cual México sí es campeón.

En los destinos turísticos de clase mundial, el aumento de la violencia y la criminalidad, el flujo poblacional y migratorio de campesinos e indígenas empleados en trabajos no calificados ni calificantes, precarios y sin ninguna garantía, muestra el desarrollo de un sistema basado en explotación laboral y discriminación étnica y cultural. Es una constante en el país, el drama de comuneros y ejidatarios, campesinos y pescadores, que fueron expropiados o vendieron sus tierras a las promesas de desarrollo y fuentes de empleo, y en cambio obtuvieron posibilidad de trabajar como albañiles, lavaloza y veladores en hoteles y mansiones veraniegas.

El reordenamiento social que implica el desarrollo de la industria turística es especialmente peligroso porque impulsa el tránsito de actividades primarias, como agricultura y pesca, hacia el ofrecimiento de servicios (si hay capital) o mano de obra no calificada (si no lo hay). Luis Hernández Palacios, titular de la Procuraduría Agraria, explica bien el alcance del desarrollo por goteo: “… para que la gente pueda participar en la comercialización de sus productos en las estaciones del tren o sean considerados para la venta de sus servicios”.

La urbanización y la terciarización de la economía local implican el decrecimiento de actividades productivas agrícolas y tradicionales, y su pérdida de sentido para la población más joven. La denigración del trabajo campesino, efecto producido por las promesas de prosperidad ofrecidas por la urbanización o el empleo en los servicios turísticos, son un proceso que redunda en la pérdida de conocimientos y saberes tradicionales, arraigados y, finalmente, en el despojo cultural y epistémico que es evidente en el medio rural actual.

Las organizaciones indígenas y campesinas de Yucatán y Quintana Roo nos recuerdan que, más allá de los destinos turísticos y comerciales, la península es una región con vocación principalmente agrícola –lo que el actual gobierno interpreta como atraso y subdesarrollo. Hay valiosos procesos organizativos con años de trayectoria y una profunda conciencia de los agricultores que hacen milpa (sistema multicultivo) sobre el cuidado de las semillas criollas, y de los apicultores sobre la producción orgánica, en notable incremento. Las organizaciones del campo entienden desarrollo y progreso como la dignificación del trabajo campesino y el fortalecimiento de su modo de vida que les permita vivir bien en su pueblo y en su tierra, decidiendo en autonomía sobre su futuro. Nada que ver con el desarrollo por goteo de la narrativa institucional: son planes que corren, ahora sí, en dos rieles paralelos.