Según cifras del Instituto Nacional de Salud Pública, 14 por ciento de la población adulta de México se encuentra en situación prediabética, y la diabetes es causante de alrededor de 80 mil muertes al año. Es, asimismo, la primera causa de ceguera en adultos en edad productiva, de insuficiencia renal terminal, de amputaciones no traumáticas y de infartos al miocardio.

Por otra parte, datos del Hospital Civil de Guadalajara refieren que en el sector salud los padecimientos relacionados con esta enfermedad absorben unos 19 mil milllones de pesos anuales, lo que representa 30 por ciento de sus presupuestos.

Sin embargo, en un estudio de la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión dado a conocer ayer en el contexto del Día Mundial de la Salud, se informa que 85 por ciento de los mexicanos sobrepasan el nivel máximo en el consumo de azúcar que recomienda la Organización Mundial de la Salud.

Y, como se sabe, la ingesta inmoderada de ese edulcorante figura como principal causante en el desarrollo de la diabetes. El organismo internacional señala que el etiquetado frontal de los alimentos procesados no sigue sus recomendaciones y es frecuente encontrar etiquetas con leyendas engañosas, que no expresan el contenido real de ingredientes.

En tales circunstancias es claro que la diabetes y los trastornos asociados a ella configuran en nuestro país una crisis de salud mucho peor que la de las adicciones, un factor de mortalidad de magnitud semejante a la violencia delictiva y un desmesurado costo humano, social y económico. Para reducir este fenómeno se requiere de una estrategia en muchos ámbitos.

En primer lugar es claro que las autoridades deben establecer marcos regulatorios mucho más estrictos que los actuales a los usos y abusos de la industria alimenticia, tanto en lo que se refiere a la composición de sus productos como a la publicidad con la que induce su consumo masivo, particularmente a las orientadas a la población infantil.

Es necesario, asimismo, estudiar la pertinencia de incrementar en forma progresiva los impuestos a las bebidas azucaradas y otros productos con alto contenido de azúcar en función de su porcentaje.

Es cierto que las medidas restrictivas no serán suficientes si no se emprende al mismo tiempo una campaña nacional de información, articulada y consistente, que permita modificar los hábitos alimentarios y las formas de vida, así como los patrones de consumo de la población.

Es necesario, en suma, establecer un control sobre los productores de los llamados alimentos chatarra y fomentar al mismo tiempo una cultura nutricional en la sociedad.

No debe ignorarse que el principal obstáculo para la formulación de una estrategia contra la diabetes es el cúmulo de intereses corporativos que buscan mantener sus márgenes de negocio fácil y jugoso; tampoco debe soslayarse la necesidad de modular las acciones oficiales en forma tal que no afecten a los productores azucareros.

Con tales consideraciones en mente, resulta impostergable diseñar y aplicar una política pública para reducir el consumo de azúcar de la población y, en general, detener y reducir la epidemia de diabetes en el país.