Napoleón Gómez Urrutia

El mundo laboral ha estado pacientemente esperando una serie de cambios profundos en la propia legislación y en la transformación del país para avanzar hacia mejores condiciones de trabajo y de bienestar que logren abatir la desigualdad y consolidar la democracia y la libertad sindical. El proyecto de la Cuarta Transformación nacional coincide plenamente con estos grandes objetivos que permitirán reordenar el mundo del trabajo y las relaciones productivas de los mexicanos.

Justamente dentro de este contexto general, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió incrementar los salarios mínimos al 100 por ciento en la zona fronteriza, buscando equilibrar los ingresos de los trabajadores de esa región, estimular el consumo y la demanda, a la vez que promover la justicia social. Muchos empresarios de las industrias maquiladoras aceptaron y asimilaron con tranquilidad esa medida, sabiendo que lo podían absorber y otros porque era un acto reivindicatorio de los derechos de una enorme cantidad de trabajadores, que durante años estuvieron indignamente rezagados.

No obstante, otros miembros de la clase empresarial se negaron a reconocer esa decisión porque han estado acostumbrados durante más de 30 años a explotar los bajos salarios de ese sector por medio de los sindicatos oficiales bajo su control, o aun sin sindicatos en algunos casos, pero siempre en contra de los intereses de los más necesitados. Es decir, este tipo de empresarios se opusieron a las medidas dictadas por el gobierno federal porque nunca pensaron en cambiar o reducir sus privilegios a los que se acostumbraron cómodamente durante tantos años, sin ningún sentido de responsabilidad social o de solidaridad hacia su personal y las comunidades en torno a las plantas productivas.

Por eso se iniciaron los conflictos de huelga en las maquiladoras de Matamoros, Tamaulipas, ante la cerrazón de algunas empresas, el sometimiento y la traición de líderes sindicales que dieron la espalda a sus agremiados, la nula actuación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y, principalmente, la incapacidad y la mediocridad de las autoridades locales, comenzando por el gobernador de Tamaulipas y el presidente municipal de Matamoros, quienes con sus equipos de trabajo fueron totalmente incompetentes para resolver los problemas sociales y laborales de esa región y del estado.

En ese entorno, los trabajadores mineros de las empresas Siderúrgica del Golfo y Sistemas Estructurales y Construcciones, establecidas en esa localidad desde hace más de tres décadas, estallaron tres huelgas desde el 25 de febrero pasado en demanda de incremento salarial y una compensación adicional a su esfuerzo y productividad. En un principio, el grupo empresarial propietario de esas unidades se negó a llegar a un acuerdo, pese a que las utilidades netas aumentaron en 136 por ciento de 2017 a 2018 y en 1,643 por ciento de 2013 a 2018. El total de las prestaciones que se solicitaban no llegaban a 0.2 por ciento de las utilidades netas del corporativo en 2018.

Por supuesto que el tema se comenzó a politizar y algunos medios de comunicación, entre los que figuraron el periódico Reforma-El Norte, así como los panistas Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Marko Cortés Mendoza, iniciaron una campaña sucia para desprestigiar y atacarme a mí en lo personal, así como al proyecto de nación del presidente López Obrador, al pretender encontrar culpables de su propia corrupción, amarillismo e incompetencia.

Dichos ataques llegaron a la calumnia, la mentira y la difamación al afirmar que esas plantas siderúrgicas habían notificado el cierre definitivo por nuestra culpa y que se iba proceder a la liquidación de los trabajadores. No tuvieron ni tienen ni tendrán escrúpulos éticos o morales al lanzar irresponsablemente esas afirmaciones. Tomaron actitudes partidistas como si todavía estuvieran en campaña política, enseñando con toda claridad que esos grupos y otros de empresarios y actores políticos conservadores, que están bien identificados, son corruptos y llenos de resentimientos personales por el triunfo del pasado 1º de julio en las elecciones federales.

Pero los trabajadores son muy inteligentes y las negociaciones continuaron con las empresas de manera seria, discreta y responsable. Posteriormente a no llegar a un acuerdo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en una reunión que se prolongó por más de cuatro horas el martes 19 de marzo pasado con el propósito de resolver las huelgas de esas tres plantas siderúrgicas, dos días después (el jueves 21) me reuní con el presidente y director general de ese grupo empresarial, CH-Sigosa, el ingeniero Rufino Vigil. Llegamos a los acuerdos que permitieron resolver las huelgas: 20 por ciento de incremento salarial, 40 mil pesos para cada trabajador en una bonificación por productividad y utilidades, el pago de los salarios caídos desde el inicio de la huelga del 25 de febrero y el compromiso de no ejercer represalias ni despidos de personal como resultado de este conflicto. Reconozco en el ingeniero Vigil a un empresario que mostró gran dimensión social, actitud que debiera ser imitada por algunos empresarios que continúan en una actitud de soberbia y egoísmo desbordado.

Como conclusión y fin de esas huelgas, puedo señalar que, así como algunos se niegan a aceptar que México ya cambió y egoístamente se oponen a ser más generosos y responsables, hay un creciente número de empresarios con dimensión social, como el ingeniero Vigil, que han entendido los objetivos del cambio, la realidad nacional y que comparten la idea del Presidente y de nuestra organización en el sentido de que se necesita justicia salarial para que exista paz laboral. Estoy seguro de que nuestro país va en esa dirección y que cada vez más miembros de la sociedad se sumarán a este gran proyecto de nación. Que así sea.