Bernardo Barranco

Se están abriendo demasiados frentes políticos al presidente López Obrador. Flancos críticos, justo después de que llegara al tope aceptación popular, que rondó 80 por ciento. Uno de esos frentes es la supuesta concesión de medios a iglesias evangélicas que orbitan en torno a Cofraternice. Ésta nace en 1992, como respuesta a las reformas constitucionales religiosas y de culto público. Se ha destacado por la orientación jurídica a algunas iglesias evangélicas de corte pentecostal. En algún momento defendió a indígenas evangélicos en sus derechos religiosos frente a la intolerancia y discriminación. Cofraternice es conducida por el pastor Arturo Farela, cuya trayectoria no ha estado exenta de polémicas. Su mayor fortaleza es su amistad con AMLO, a quien ha apoyado electoralmente desde su candidatura a la jefatura de Gobierno en 2000. Y por supuesto en sus tres candidaturas presidenciales 2006, 2012 y 2018. No le importó franquear las restricciones electorales que prohíben a los ministros de culto incursionar en procesos electorales. Con orgullo recuerda que ha sorteado procedimientos electorales por haber realizado proselitismo político.

El 21 de febrero pasado, Farela y 20 acompañantes evangélicos solicitaron al Presidente concesiones de medios de comunicación. El 13 de marzo, Farela y Cofraternice se volvieron a reunir con AMLO, quien instruyó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, estudiar jurídicamente el posible otorgamiento de cadenas de radio y televisión a las iglesias. Farela, declaró: Que se dé a todas las iglesias y asociaciones religiosas concesiones o permisiones de radio y de televisión, así como otro tipo de organizaciones disfrutan de estos derechos. Ya es el tiempo de que se reforme la Ley de Asociaciones Religiosas para que todas las iglesias podamos tener concesiones y permisiones de todos los medios de comunicación.

López Obrador en entrevista mañanera declaró:  que las iglesias de todas las manifestaciones tengan posibilidades de tener tiempos y espacios, no lo veo mal. La formulación del Presidente es muy amplia y no necesariamente habla de concesiones, porque para ello será necesario no sólo reformar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público que prohíbe que las iglesias posean o administren concesiones para explotar estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación. Será necesario reformar la ley de radio y televisión, que establece licitaciones públicas; solvencia económica y tecnológica; habla de los sujetos concesionarios y permisionarios, pero nunca menciona a las iglesias.

El tema de fondo no es el acceso de las iglesias a los medios. Ni si se privilegia a la Iglesia católica o las iglesias evangélicas. El acceso ya existe y depende de la capacidad económica de cada una. Basta sintonizar de noche Televisa y Radio Fórmula para encontrar una variedad de programas religiosos. O ver la ramplona decencia de La rosa de Guadalupe para entender lo grotesco que podría resultar la pretendida moralización del espacio público. ¿Se viola la ley? ¿La Secretaría de Gobernación hace la vista gorda en cientos de emisiones difundidas en todo el país? El tema toral aquí, es la posesión de espacios, la pertenencia y administración de estaciones de radio y televisión. Ante casi 9 mil Iglesias, ¿el Estado podrá responder con equidad para que los mensajes morales sean transmitidos bajo principios de igualdad? No, por supuesto. Si la Cuarta Transformación concede a algunas iglesias medios, favorecerá inequidad. ¿Dónde quedarán los Testigos de Jehová, los budistas u otras denominaciones evangélicas como La Iglesia Luz del Mundo, por ejemplo? ¿Y las Iglesias históricas protestantes? Grave riesgo es retroceder en el carácter laico del Estado. Las emisiones moralizantes de iglesias conservadoras que se miran en otros países, podrían trasgredir los cimientos de pluralidad y diversidad mexicanos. Hay un riesgo real de retroceso. El peligro es que desde los medios de información se posicione una agenda conservadora que inhiba derechos, que quebrante libertades y confine autonomías. Lejos de moralizar la sociedad, el riesgo de una confesionalización tradicionalista de contenidos. Que se censure los derechos sexuales y reproductivos, así como años de lucha de las mujeres y los homosexuales. Que se intente imponer una concepción tradicional de familia y regresar a una noción antediluviana del rol de la mujer. La iniciativa y provocación del pastor Farela es una extraordinaria oportunidad para discutir la pertinencia juarista de la laicidad del Estado. No sólo reducirla a la separación histórica entre las iglesias y el Estado moderno, ni la diferenciación entre política y religión. Sería quedarse en las coordenadas del siglo XIX.

Hay que distinguir la política del gobierno que persigue fines mediatos y la verdadera política de Estado. El reto hoy es repensar a la laicidad del Estado como instrumento jurídico de convivencia entre diversos. El desafío central es la relación entre laicidad y los cambios culturales del México actual. Es decir, la relación entre la laicidad y la secularidad del México contemporáneo. Si la laicidad se subordina a un moralismo paradisiaco y campestre, México se expone a un retroceso lamentable.

La Iglesia católica, desafiante a la laicidad secular, permanece de bajo perfil en este debate. No puede quedarse al margen. Si bien no alcanzó la concesión en diferentes intentos, tiene la mayor infraestructura técnica y los recursos financieros como ninguna otra iglesia en México.