Javier Flores

En una de sus conferencias de prensa matutinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) explicó cómo decidió nombrar a la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces como directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Ante una pregunta que llamó mucho la atención, pues la formularon los niños reporteros de Radio Aventureros, el primer mandatario reconoció que él no la conocía, pero vio su currículum y advirtió que era una buena científica y que había obtenido el Premio Nacional de Ciencias en 2017. Fue una decisión basada en méritos. En el medio científico su nombramiento fue bien recibido, precisamente por tratarse de una investigadora, pues se interpretó como una ventaja, si se considera que en algunos periodos previos este nombramiento recayó en administradores y políticos sin un conocimiento pleno de los problemas que enfrentan los investigadores y la ciencia de nuestro país. No obstante, la nueva directora, lejos de observar al sistema nacional de ciencia y tecnología como un fenómeno que puede estudiarse y guiarse para impulsar el avance de la ciencia –como se esperaría en un enfoque científico–, introdujo un criterio esencialmente político, al trasladar al Conacyt un proyecto personal, su guerra contra los organismos genéticamente modificados (OGM), con la pretensión de convertirla en la columna vertebral de la política de ciencia y tecnología del gobierno de AMLO. Al respecto ha surgido y se ha alimentado una confusión con relación a los OGM: una cosa es la siembra de semillas y el cultivo de plantas transgénicas a cielo abierto en el territorio nacional –tema que corresponde a la agricultura y está sujeto a diversas regulaciones– y otra muy distinta la creación de variedades genéticas mediante la investigación científica, bajo condiciones controladas, para indagar sus potenciales beneficios y riesgos. Así, cada vez que AMLO reitera su oposición a la siembra de semillas transgénicas, en el actual Conacyt no disimulan su alegría y lo difunden profusamente en las redes sociales. Pero, ojo, el Presidente no se está refiriendo a la investigación científica. La iniciativa de decreto para crear una nueva ley de humanidades, ciencias y tecnologías presentada ante el pleno del Senado por la legisladora de Morena Ana Lilia Rivera Rivera, fue el primer intento por convertir el activismo contra los OMG en la política de ciencia de la 4T. Aunque la directora del consejo lo ha negado reiteradamente, cada día se acumulan más pruebas de su participación en la creación del citado proyecto de ley. Tengo frente a mí un documento elaborado por uno de sus directores adjuntos, Raymundo Espinoza Hernández, con la colaboración de dos de sus directores de área, José Antonio Ruiz Martínez y Rosenda Cruz Vixtha, en el que están contenidas las ideas principales de la reforma y tiene párrafos completos de la misma, lo que muestra que la iniciativa fue elaborada en el área jurídica del Conacyt. No quiero decir con esto que la doctora Álvarez-Buylla mienta, pues queda la posibilidad (aunque remota) de que estos funcionarios hayan actuado a sus espaldas, lo que sería algo muy grave y, de ser así, seguramente acarreará consecuencias en esa área.

Pero el punto al que quiero llegar es que esa política puede ser interpretada erróneamente por los militantes y legisladores de Morena como la línea del gobierno de AMLO, por lo que estarían de algún modo obligados a cobijarla y respaldarla. No es así, pues de manera muy hábil el Presidente puso importantes candados en este tema. Uno de ellos es que la política para este sector debe ser el resultado de la consulta a los científicos, empresarios y al pueblo –así lo dijo el primero de diciembre. Y en este caso la iniciativa creada de forma unilateral no resistió el primer contacto con los investigadores, que la han repudiado, entre otras cosas, porque se pretende ejercer un control absoluto sobre la investigación científica (e incluso prohibir o cancelar proyectos), y no sólo en el caso de los OGM, sino en todas las áreas del conocimiento.

La participación amplia de la comunidad científica justifica preguntarse cuánto tiempo más durará en pie la escenografía montada sobre la existencia de una guerra sucia contra el Conacyt o su directora general, o de la participación de mafias que critican los nombramientos y otras políticas en el consejo.

Una consideración final. Así como es erróneo considerar la iniciativa citada como equivalente a la política de la 4T (la cual todavía está en construcción), también lo es etiquetar la oposición a la investigación en transgénicos y en otras áreas de la tecnología como de izquierda y revolucionaria. Por el contrario, es profundamente conservadora y reaccionaria, pues se opone al avance del conocimiento y la tecnología y, en algunos extremos, se propone abiertamente el retorno al pasado, sustentándose en una extraña combinación de neolysenkismo y el Laudato si del papa Francisco.