Sergio González Gálvez

Aparte de las múltiples hipótesis que se han analizado para evaluar el alcance del conflicto venezolano, valdría la pena considerar también el posible impacto estratégico-militar de esa situación, que sorprendentemente se puede enmarcar en el enfrentamiento político y militar entre Estados Unidos y Rusia, que se ha agudizado después de la reciente denuncia de ambos al Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF) firmado en 1987.

Al respecto, podemos comentar que Washington ha intensificado su presencia militar en nuestro continente, con la finalidad de evitar, entre otros objetivos, que países latinoamericanos o caribeños que le sean hostiles y hayan desarrollado alianzas con Rusia o China, pudieran llegar a convertirse en plataformas para un eventual ataque directo contra territorio estadunidense, es decir, la repetición de una situación como la crisis de los proyectiles emplazados en Cuba que en ese caso frenaron una invasión estadunidense a la isla.

Recordemos sobre el particular, que el vínculo militar entre Venezuela y Rusia se inició en 2005 bajo la presidencia de Hugo Chávez, que fue el año en que Estados Unidos comenzó a bloquear, cuando empezaron las discrepancias políticas entre ambos, la provisión de repuestos y refacciones para la flota de aviones caza bombarderos F-16 que la fuerza aérea venezolana había adquirido en 1983.

Asimismo, Venezuela, que veía clara la amenaza de una invasión, empezó a adquirir armamento de última generación de Rusia iniciando con 24 aviones caza rusos de última generación Sukoi 30-MK2 e importantes partidas de rifles de asalto AK 103 para remplazar los antiguos fusiles belgas FNFAL que usaba su ejército.

Ya en el poder el presidente Maduro, sucesor de Chávez, negoció con Rusia la compra de helicópteros de combate MI-17V5 y consolidó su defensa con un sistema antiaéreo móvil ruso S300VM, capaz de interceptar toda clase de objetivos, entre ellos misiles subsónicos, drones o aeronaves en un rango de 200 kilómetros.

Por su parte, la presencia militar estadunidense en América Latina se ha incrementado dramáticamente, ya que de las 177 bases militares que la potencia continental tiene en el mundo, 76 están en América Latina y entre las más conocidas resaltan 12 en Panamá, 12 en Puerto Rico, nueve en Colombia, ocho en Perú y otro significativo número en Centroamérica y el Caribe, además de importantes acuerdos de cooperación militar con Argentina, Brasil, Perú y Ecuador, entre otros.

Sin excluir el uso de la fuerza armada, en forma muy abierta, Estados Unidos ha señalado que sus fuerzas de tarea conjunta para América Latina tienen como objetivos la defensa del Canal de Panamá y el área del Canal de Panamá (lo cual, por cierto, no está previsto en el Acuerdo con Torrijos para devolver el canal a sus dueños); operaciones de control de migración (sin que aclaren a qué se refieren en ese delicadísimo tema aún sin resolver); asistencia humanitaria y respuesta ante desastres naturales. Además de operaciones militares unilaterales, bilaterales o multilaterales, con lo que nuevamente surge el fantasma de la creación de una Fuerza Interamericana de Paz que México ha rechazado una y otra vez, por su preocupación de que se convierta en una fuerza intervencionista sin base legal clara, sin que afortunadamente en ningún momento hablen de protección a los derechos humanos que ahora alegan para intervenir en Venezuela, quizá porque prácticamente Washington no ha ratificado ningún acuerdo regional sobre esa importante materia.

La situación descrita, es decir, la combinación de factores militares en el desarrollo de la región, aconsejaría, sin duda, que México, con su tradición en la lucha contra el armamentismo, tanto nuclear como convencional, reiniciara los esfuerzos que llevó a cabo con cierto éxito en 1977 para lograr un convenio regional que identificamos en la negociación como (Tlatelolco II) que prohibiera la presencia de tropas extranjeras en nuestros territorios y limitara la posesión de armas convencionales ofensivas –las nucleares ya están prohibidas mediante el Tratado de Tlatelolco– cuidando siempre el equilibrio estratégico-militar que requieren los países de la región, con la finalidad de lograr que América Latina y el Caribe llegue a ser en breve una zona de paz bajo claros parámetros de vigencia.